Washington. Los congresistas estadunidenses avanzan en una carrera contrarreloj para aprobar una ley de extensión del presupuesto que evite una parálisis abrupta de los servicios públicos a partir del viernes, una perspectiva que demócratas y republicanos quieren evitar cuando la sombra de una moratoria se cierne sobre el país.

Lo que está en juego es tan importante que el presidente Joe Biden prefirió anular un viaje a Chicago para permanecer en Washington y encabezar las negociaciones con los legisladores.

El ex senador, que hace alarde de sus talentos de conciliador, espera obtener apoyo para sus dos proyectos billonarios de inversión en infraestructura y reformas sociales, en medio de una parálisis por luchas internas en su Partido Demócrata.

“Nuestro objetivo es lograr esos dos votos, hacer cruzar la meta a estos dos importantes textos de ley”, declaró la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.

En paralelo, los congresistas adelantan la misión crucial de evitar que el Estado federal se quede sin presupuesto.

Por un lado, deben aprobar un minipresupuesto válido hasta diciembre para evitar la parálisis del gobierno federal, ya que la ley presupuestaria actual expira el jueves por la noche.

Por otro lado, deberán aumentar antes el 18 de octubre la capacidad de endeudamiento de Estados Unidos si quieren evitar el primer incumplimiento de pago en la historia de la mayor potencia económica mundial.

El peligro es real

El primero de los frentes abiertos, el del presupuesto temporal, debería ser el más fácil de resolver, pues hay consenso entre los legisladores. Pero, con el tiempo en contra y en un ambiente de tensión y divisiones partidarias en el Congreso, todo puede complicarse.

Tras un jornada a la espera, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, anunció que la votación tendrá lugar finalmente el jueves por la mañana, sobre un texto que prorrogaría el actual presupuesto hasta el 3 de diciembre.

Se espera que voten suficientes senadores republicanos para aprobar el presupuesto en la cámara alta, antes de que pase a la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría, previo a ser promulgado por Biden.

Los parlamentarios tienen hasta el jueves a medianoche para adoptar la nueva ley, sin la cual los servicios federales serán suspendidos de forma abrupta en lo que se conoce como shutdown.

Ministerios, pero también parques nacionales, algunos museos y una multitud de organismos se verían afectados, llevando a miles de empleados al desempleo técnico.

Los legisladores quieren evitar esta situación en momentos en que múltiples frentes legislativos están abiertos en Washington, entre los proyectos billonarios de reformas de Biden y la amenaza de una moratoria si el límite de endeudamiento de Estados Unidos no es aumentado o suspendido rápidamente.

Así, aunque se evite el shutdown, el espectro de una moratoria planea. El 18 de octubre es la fecha límite, advirtió el martes la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

“El tiempo es limitado, el peligro es real”, remarcó Chuck Schumer.

Incertidumbre

Los republicanos rechazan suspender el límite de emisión de deuda, que sería para ellos un cheque en blanco para Joe Biden.

Por eso dejaron la decisión del lado de los demócratas, que deberían apelar a sus propios votos para aprobar esta medida a través de una maniobra parlamentaria que podría tomar tiempo.

Pero Schumer asegura que “esta vía es demasiado arriesgada para el país”. Y que la deuda ha sido acumulada sobre todo bajo los anteriores presidentes.

Los representantes a la Cámara aprobaron por su parte el miércoles un texto que prevé suspender el techo de la deuda hasta diciembre de 2022. Pero sin apoyo republicano, la iniciativa nació muerta.

Una gran incertidumbre persiste en cuanto a la solución que hallará el Congreso.

“El hecho de que los republicanos sean tan irresponsables no es una sorpresa”, declaró la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi.

Respecto a los planes Biden, varias decenas de legisladores del ala izquierda del Partido Demócrata amenazan con hacer fracasar una votación final sobre el proyecto de infraestructuras prevista para el jueves en la Cámara.

Se indignan de no haber recibido garantías firmes por parte de los centristas sobre el avance del gigantesco plan de reformas sociales.

Un manto de duda rodea estos planes en el corazón del mandato de Biden, estimados actualmente en alrededor de 5 billones de dólares.