El gobierno de la ciudad informó que será en octubre del año próximo cuando se apruebe el programa de ordenamiento territorial de la Ciudad de México, por lo que convocó a los capitalinos a participar en la consulta pública y las mesas de trabajo que se instalaron para ese fin.
“Queremos que participen activamente junto con toda la ciudadanía, desde las organizaciones del movimiento popular hasta los grandes desarrolladores, desde las personas que viven en Iztapalapa hasta las personas que viven en Las Lomas, desde las que viven en Cuautepec hasta las que viven en el Ajusco”, expresó la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum.
Indicó que se trabajará durante todo el año, al mismo tiempo que se realizarán algunas modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano.
Apuntó que el objetivo es lograr un desarrollo sustentable de la ciudad, pues no puede seguir un esquema de desorden urbano, ya que se requiere una planeación a largo plazo que “permita que haya agua, que podamos tener los servicios urbanos necesarios y, al mismo tiempo, podamos tener la oportunidad de dar vivienda asequible a los que viven en la ciudad y distintas opciones de empleo.
A su vez, en el Congreso capitalino, la bancada de Morena propuso modificar el procedimiento establecido en la Ley de Desarrollo Urbano para determinar si es procedente regularizar asentamientos humanos irregulares, al advertir que el método actual posterga la posibilidad de generar mejores condiciones de vida a su población.
La iniciativa incorpora un concepto de asentamiento humano irregular, que además de los ubicados en suelo de conservación alude a los establecidos en predios de propiedad pública o privada en zona urbana y cambia la denominación del cuerpo colegiado encargado de resolver el procedimiento, de Comisión de Evaluación de Asentamientos Irregulares por Comisión de Regulación Especial, a la que se incorpora el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.
Crea un apartado específico del procedimiento de regulación a partir de un diagnóstico preliminar, y confiere a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial –además de a las alcaldías– la facultad de presentar dicho diagnóstico a la comisión.
Al presentar la iniciativa, la diputada Guadalupe Chávez explicó que la reforma dará celeridad y certeza jurídica a quienes viven en asentamientos consolidados, donde es procedente el cambio de uso de suelo.
