Ciudad de México. A la fecha la industria alimentaria ha presentado 26 amparos en contra del decreto presidencial de diciembre que establece la eliminación gradual del uso del glifosato, pero está sustentado en el orden público internacional, como lo son los acuerdos en materia de derechos humanos que están por encima del derecho comercial internacional, advirtió el estudio Agricultura sin glifosato.
Realizado por Manuel Becerra, Miguel Angel Escalona, entre otros autores, y Greenpeace, el reporte destaca que la existencia de acuerdos comerciales internacionales como el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) y la supuesta violación a sus lineamientos, son parte de los argumentos usados por quienes buscan anular el decreto.
“Si una norma o el cumplimiento de un tratado de libre comercio pudiera poner en peligro a normas que protegen al medio ambiente, estos tienen preeminencia. Las normas ambientales, en consecuencia el decreto, están enmarcadas en el derecho internacional que debe ser aplicado según lo dispone la Constitución:, explicó Becerra investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores.
Agregó que el decreto es totalmente constitucional y armónico con el derecho internacional tanto de los derechos humanos como de los contraídos por los tratados de libre comercio, como en los últimos años han adquirido una vocación en materia de conservación del medio ambiente. “La relación entre comercio internacional y medio ambiente es innegable. Las normas del medio ambiente son una especie de contrapeso a las acciones comerciales que suelen ser depredadoras del entorno natural”, agregó.
Con base en las alternativas agroecológicas para la sustitución del glifosato, hay prácticas que pueden funcionar en diferentes escalas, dependiendo del agroecosistema, con las que se pueden controlar las plantas que compiten con los cultivos principales pero en equilibrio ambiental, no erradicando las llamadas malezas, sino minimizando su impacto, explicó Miguel Ángel Escalona Aguilar, académico de la Universidad Veracruzana.
Viridiana Lázaro, especialista en Agricultura y cambio climático de Greenpeace México, resaltó que este informe ya fue entregado a las secretarías de Medio Ambiente, Agricultura, Salud y a otras dependencias. Agregó que se trata de una herramienta para fortalecer su defensa y “confiamos en que no sucumbirán ante las presiones de un sector como el de la agroindustria”, apuntó.
La siembra de maíz transgénico conlleva el uso del herbicida glifosato, como parte del paquete tecnológico de producción agroindustrial, por lo que es importante la defensa del decreto presidencial de sustitución gradual del uso de glifosato y de maíces transgénicos para poder garantizar la protección de las 64 razas de maíz nativo en México y de sus miles de variedades. Este miércoles se realizarán actividades de celebración por la celebración del día Nacional e internacional del maíz, agregó Víctor Manuel Chima del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria e integrante de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País.