En un pronunciamiento sobre las medidas para contener las recientes caravanas migrantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a México por el uso excesivo de la fuerza, deploró que las autoridades estatales y las fuerzas de seguridad del Estado utilizaran escudos y toletes para golpear en la cabeza a personas indefensas, censuró el uso de personal militar para labores migratorias y urgió al gobierno a deslindar responsabilidades y sancionar a agentes involucrados.
Al analizar el desempeño de México para contener las caravanas formadas entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre, la CIDH explicó que se tuvo información sobre el uso excesivo de la fuerza. Agregó que observa “con preocupación que dichas agresiones se habrían cometido contra familias y personas adultas acompañadas de niñas, niños y adolescentes”.
El organismo descalificó prácticamente en su totalidad la actuación oficial para enfrentar la movilización: “La detención migratoria es una medida excepcional, y ésta podría aplicarse conforme a lo autorizado por la ley, sólo cuando se determine ser necesaria, razonable en todas las circunstancias y proporcional a un propósito legítimo. Además, el Estado debe adoptar medidas para garantizar la prohibición de la detención de niñas, niños y adolescentes en contextos migratorios”.
Para la CIDH “personal de perfil militar no estaría capacitado para responder adecuadamente a las personas con necesidades de protección internacional, incluidas aquellas en situación especial de riesgo”. Por ello, destacó que es necesario realizar una distinción entre funciones de seguridad y de asistencia humanitaria a personas en movilidad, dejando únicamente el actuar de tipo humanitario a personal civil especializado.
Más adelante, hace alusión a videos difundidos que confirman el uso excesivo de la fuerza por diversas autoridades mexicanas y mencionó que se recibió información sobre enfrentamientos que culminaron en agresiones y golpes en contra de migrantes.
Aun cuando la CIDH reconoció que se sancionó a dos agentes del Instituto Nacional de Migración, urgió a investigar de oficio y “con la debida diligencia los hechos de violencia”, sancionar a todo el personal involucrado que resulte responsable y “reparar integralmente a las víctimas de estas violaciones a derechos humanos”.
