La crisis migratoria en México generó una controversia entre el Instituto Nacional de Migración (INM) y el gobierno de Tamaulipas, que exigió detener a los indocumentados en el sur del país.

El secretario general de Gobierno, César Augusto Verástegui, reclamó que Tamaulipas no sólo enfrenta el flujo migratorio natural, sino también recibe a repatriados no nacionales, a miles de haitianos que pretenden internarse en Estados Unidos, así como a africanos y a indocumentados de Medio Oriente.

Expuso que “el estado no puede hacer gran cosa en ese sentido, porque es un tema de competencia estrictamente federal; es muy difícil estar manteniendo cada día a más y más gente”.

Verástegui agregó que Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, municipios colindantes con Estados Unidos, padecen la nueva actitud migratoria de la Federación, y consideró que la actual crisis es un asunto de seguridad nacional.

En tanto, el gobernador priísta de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, negó versiones del gobierno federal en el sentido de que la movilización de haitianos hacia Acuña y Piedras Negras es ordinaria.

“El flujo migratorio normal de Coahuila tiene de enero a septiembre 8 mil migrantes (…) hubo una omisión que pudo poner en riesgo a los habitantes de la frontera, como puso en riesgo la relación económica bilateral. No podemos hablar de un flujo migratorio normal por cómo se dieron las cosas”, afirmó.