A siete años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, resulta necesario recordar el proceso que este caso ha seguido para colocar la necesidad imperiosa de fortalecerlo con más y mejores decisiones políticas y jurídicas para contribuir a que se logre evitar que se sume a otros que marcan la historia de impunidades en el país.
El actual gobierno ha dado prioridad a esclarecer la verdad real de los hechos sucedidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Y para ello se ha movido en un auténtico campo minado edificado por la llamada verdad histórica que prevaleció hasta 2018, pese a las denuncias de las madres y los padres de los estudiantes, sus defensores y en especial los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que fue virtualmente despedido por el gobierno de Enrique Peña ante la contundencia de sus informes y propuestas. Lleva tres años operando la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia, con la participación directa de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en coordinación estrecha con Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el caso que depende de la Fiscalía General de la República (FGR), así como representantes de padres de los estudiantes desaparecidos.
Se ha decidido recuperar la colaboración del GIEI y uno de los logros importantes es la demostración de la falsedad de la llamada verdad histórica. Así lo afirmaron ambos funcionarios: la “verdad histórica” del caso Iguala fue construida con pruebas fabricadas, incluso se falsificaron telefonemas anónimos; la tortura se utilizó de manera generalizada; se manipuló evidencia para que cuadraran las supuestas investigaciones y se trató de cerrar la indagatoria en tres días, pero se rompió el silencio de funcionarios, testigos de lo sucedido y algunos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas. Agregaron que “desde octubre de 2014 al 22 de septiembre de este año han perdido la vida o han fallecido o han sido ejecutadas 21 personas vinculadas con el caso y es un asunto en el que se pierden importantes fuentes de información”.
Sólo esto nos da idea de lo que se mueve para impedir el esclarecimiento. Un dato muy importante fue que el subsecretario Encinas mencionó que se ha establecido la coordinación que existió entre grupos de sicarios de Guerreros Unidos con los policías municipales de Iguala, y se ha determinado que no existió ningún vínculo entre los estudiantes y los agresores. Cuestión que el peñanietismo intentó sembrar.
A los defensores les ha tocado colocar un balance crítico. En particular, Vidulfo Rosales declaró que va lento el trabajo y utilizó la figura en torno a la dificultad de mover al elefante reumático. Encinas señaló que el abogado “tiene su propia agenda, la agenda nuestra es la de la búsqueda de la verdad”. El director del Centro Pprodh ofreció un balance que coloca la problemática en el conjunto del entramado institucional. Santiago Aguirre señaló que pese a los avances, aún “no se terminan de romper los pactos de silencio e impunidad como hubiésemos esperado”. Se reconocen las identificaciones de los restos de tres estudiantes y algunas detenciones, como la de José Martínez Crespo, capitán del Ejército, procesado por delincuencia organizada, y dos ex policías federales, así como por tortura dos elementos de la Marina y dos más de la Policía Federal Ministerial, entre ellos quien fue su titular, Carlos Gómez Arrieta. Añadió: “falta voluntad para indagar a fondo a las autoridades más altas del sexenio pasado, subsisten personas que vienen del pasado y están comprometidas con la verdad histórica”. Concluyó que aún “no se ha alcanzado la verdad”. Pese al cambio de postura oficial, quedan las preocupaciones sobre la actuación de las fuerzas armadas y el desempeño de la Fiscalía General de la República (FGR), donde persiste “la opacidad y la ineficacia”. Se han obtenido 89 órdenes de aprehensión, de las cuales 49 ya fueron ejecutadas y 40 están pendientes. “No se materializan porque eso corresponde a la Agencia de Investigación Criminal y a la Policía Ministerial Federal”.
Siete años y no olvidemos que la mirada y el dolor de las madres y los padres está ubicada en conocer con precisión el paradero de sus hijos. Y aún no encuentra asideros en lo que hasta hoy se ha logrado, con esperanza han caminado junto a los defensores y han acudido a las reuniones periódicas encabezadas por el Presidente de la República y justo ahora ante un aniversario más, una de ellas señaló: “Hemos dicho al Presidente que queremos a nuestros hijos de regreso, que cumplan sus sueños que tienen en la vida, pero si ya no están vivos, si ya no están en la tierra, sino bajo tierra, que nos digan adónde, que sea cierto”.
