Cajeme, Son. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora confirmó, con base en estudios de ADN, que los restos óseos encontrados en el cerro Chichiquelite corresponden a cinco de los siete indígenas yaquis reportados como desaparecidos el 14 de julio, cuando junto con otros tres hombres ajenos a la etnia fueron secuestrados por sujetos armados en el municipio de Bácum, al sur de la entidad.

Según los resultados obtenidos en el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense de la FGJE, la composición del ADN permitió identificar los restos de Fabián Sombra Miranda, Braulio Pérez Sol, Heladio Molina Zavala, Martín Hurtado Flores y Fabián Valencia Romero.

La fiscal Claudia Contreras Córdova contactó a las familias para informarles los resultados y aclaró que están en su derecho de solicitar el apoyo de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o bien de un laboratorio particular, para un segundo peritaje comparativo de ADN, a fin de tener plena certeza.

Asimismo, se indicó que hasta ahora se desconoce el paradero de Benjamín Portela Peralta, Juan Justino Galaviz, Leocadio Galaviz Cruz, Artemio Arvallo Canizález y Gustavo Acosta.

La Fiscalía de Sonora señaló que “en el área del Chichiquelite (lugar donde se realizó el hallazgo el 19 de septiembre), personal de Servicios Periciales de la FGJE, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Policía Estatal, continúan la búsqueda y se han procesado siete kilómetros lineales por un arroyo, donde se han asegurado restos óseos e indicios que se pondrán a la vista de las víctimas indirectas para la posible identificación” o descartar que sean de otras personas.

El 15 de julio la tribu denunció la desaparición de los 10 hombres que salieron en busca de reses para la fiesta tradicional de la Virgen del Carmen que cada año se celebra –del 14 al 16 de julio– en el rancho Bataconsica. Detallaron que en su regreso fueron sorprendidos por un grupo armado, que los subió por la fuerza a varios vehículos.

Integrantes de la etnia solicitaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los pueblos indígenas intervenir en el caso, y llamaron al gobernador morenista, Alfonso Durazo Montaño, a no permitir que la situación de violencia y desapariciones se normalice en la entidad, en especial en los ocho pueblos yaquis.

Megaproyectos, detrás de la violencia

Aseguraron que los secuestros y ase-sinatos de miembros de la etnia son producto de una persecución política de los gobiernos estatal y federal en contubernio con los consorcios empresariales que planean megaproyectos en sus tierras.

El asesor jurídico del pueblo de Loma de Bácum, Guadalupe Mal-donado aseguró que los ataques son producto de una persecución del Estado, para dividir a la tribu y apoderarse de sus recursos naturales y descartó que se trate de represalias por parte de cárteles del crimen organizado.

“Da la casualidad que los de-saparecidos, asesinados y presos políticos son gente de Loma de Bácum, el primer pueblo de sur a norte que se ha opuesto a los megaproyectos que buscan acabar con nuestra identidad”, precisó.