El debate sobre la conveniencia de las medidas económicas adoptadas por los distintos países para hacer frente a la pandemia de Covid-19 se ha reinstalado en la opinión pública como uno de los puntos centrales en el debate económico, político y social.

Naturalmente, dicho debate ha recuperado relevancia a medida que las aguas retroceden y los efectos de largo plazo de la pandemia comienzan a hacerse más evidentes y palpables. Todo indica que la recuperación económica global llevará más tiempo del estimado originalmente y no estará libre de altas y bajas que seguirán creando incertidumbre.

A lo largo 2020, países con economías desarrolladas apostaron inicialmente por expandir el gasto fiscal con el fin de adoptar medidas concretas para paliar los efectos económicos de la pandemia, medidas a las que se adhirieron un número importante de naciones emergentes, y que parecen haber sido exitosas en contrarrestar los efectos de la pérdida de empleo y en evitar contracciones económicas más pronunciadas.

Debido a la natural reducción en la captación de ingresos, los apoyos otorgados por los gobiernos han incrementado los déficit fiscales y las deudas públicas a lo largo del globo. Como señala el Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI), “en 2020 los déficit generales promedio como proporción del PIB alcanzaron 11.7 por ciento para las economías avanzadas, 9.8 por ciento para las economías emergentes, y 5. 5 para los países de bajos ingresos. […] La deuda pública promedio en todo el mundo alcanzó 97 por ciento del PIB en 2020 y se proyecta en alrededor de 99 del PIB en 2021.”

En contraste con estas políticas, el gobierno mexicano optó por ser más precavido, incrementando el déficit fiscal 2.3 por ciento del PIB de 2019 a 2020, cifra significativamente menor al aumento promedio de déficit en Latinoamérica (4.8 por ciento del PIB) y al alza experimentada en los países emergentes que forman parte del G-20 (5 por ciento del indicador) y muy lejos de naciones como Brasil, en las que el déficit creció 7.5 en esa proporción para alcanzar 13.4 por ciento del PIB en el periodo referido. En México, las medidas fiscales de respuesta a la pandemia sumaron únicamente 0.7 por ciento del PIB.

Estimaciones del FMI ubican que el gasto en Estados Unidos ascendió a 25.5 por ciento, mientras en naciones como España o Indonesia incrementaron dicho gasto 7.6 por ciento y 4.5 por ciento del PIB, respectivamente.

En consecuencia, la prudencia fiscal ha contribuido a que la deuda pública en nuestro país no se incremente de manera desproporcionada como producto de la pandemia. De 2019 a 2020 la deuda en México creció 7.3 por ciento para alcanzar 60.6 del PIB, es decir, el aumento fue dos puntos menor al promedio de países latinoamericanos y 2.5 por ciento menor al crecimiento en los emergentes del G-20.

Cabe señalar que el promedio de la deuda pública total como porcentaje del PIB en Latinoamérica y los países emergentes del G-20 también es mayor al del nuestro.

En el caso particular de las economías emergentes, específicamente las latinoamericanas, es probable que el gasto inicial para contener la pandemia establezca presiones fiscales a mediano plazo. Como demuestra el caso de Estados Unidos, normalizar la política fiscal puede representar un reto mayúsculo, aun en un país que cuenta con instituciones políticas más sólidas que las que existen en resto del continente.

En Estados Unidos, tanto el Partido Republicano como el Demócrata –que controla ambas cámaras– parecen estar de acuerdo en continuar y/o incrementar la tendencia en el gasto. El problema radica en la falta de claridad respecto del fondeo, en determinar si es necesario aumentar la recaudación y cómo hacerlo. Congresistas del ala demócrata que representan a estados con importante presencia de electores republicanos, han cuestionado el plan fiscal del presidente Biden, por temor a perder su base electoral, revelando la dimensión política de la discusión.

América Latina enfrenta un problema más grave: conservar el gasto social asegurando ingresos fiscales adicionales o reducir su déficit para procurar la estabilidad económico-financiera sacrificando el gasto social. La recepción de la reforma tributaria del presidente Iván Duque en Colombia o las extendidas movilizaciones sociales que vivió América del Sur antes de la pandemia deberían ser suficientes para convencernos de que lo anterior será todo un reto y las decisiones serán muy difíciles, cuyas consecuencias sociales serían de pronóstico reservado.

Es oportuno señalar que América Latina, con excepción de algunos países, es altamente dependiente de la exportación de materias primas, lo que añade riesgos potenciales para la región ante una eventual desaceleración de la economía china, producto de la crisis que atraviesa su sector inmobiliario.

Más allá de las disputas académicas entre escuelas económicas y los diferendos políticos domésticos sobre la idoneidad de emprender una política fiscal expansiva, hay que señalar que, en el futuro cercano, la estabilidad macroeconómica procurada por el gobierno puede convertirse en una herramienta útil en futuro cercano, haciendo de México un país relativamente estable en contexto de su región.