Con un incesante crecimiento de solicitudes de refugio, que al cerrar septiembre impondrá un nuevo máximo histórico con “casi 90 mil peticiones”, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) enfrenta, en paralelo, una asfixia financiera. Con 43 millones de pesos en 2021 y un decrecimiento en términos reales para 2022 (46 millones de pesos), su situación llegará al punto de que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) aportará directamente recursos para financiar más de la mitad de la nómina del organismo gubernamental en 2022.
Mediante un convenio a punto de firmar, Acnur financiará el pago parcial de la nómina a partir de enero con una transferencia de fondos a la Comar, adelanta su titular, Andrés Ramírez, quien precisa que de los 400 trabajadores, alrededor de 230 percibirán sus ingresos por esta vía. En 2021 se pudo hacer frente al excedente de la demanda con personal pagado por Acnur (190 trabajadores) a través de una consultora, mecanismo que cambiará ante la nueva regulación laboral de outsourcing.
Ramírez admite la compleja realidad, pues independientemente de las condiciones de austeridad que afronta, deberá atender todas las peticiones de la oleada de migrantes aunque no procedan.
El flujo migratorio disparó las cifras a partir de 2013: en ese año, México recibió mil 296 peticiones de refugio, “con esta administración, para 2019, se alcanzó el máximo de solicitudes con 70 mil 400”.
La pandemia otorgó un respiro en 2020, pues se redujeron a 41 mil 150 expedientes, la segunda más elevada hasta entonces. “Al cierre de agosto llegamos a 77 mil 579. Con toda seguridad vamos a rebasar 80 mil al cierre de este mes, si no es que casi 90 mil. La situación cambió tremendamente y pone en jaque cualquier capacidad operativa que pudiéramos tener, no solamente en términos cuantitativos, sino en la diversidad de nacionalidades”, explica Ramírez.
Las solicitudes involucran a migrantes de cien países de los cinco continentes, pues recientemente se recibió uno de Oceanía. “No hay continente que no tenga a alguien solicitando la condición de refugiado en México. Es una situación muy preocupante, cualquier institución se ve desbordada cuando la demanda que atiende aumenta de forma tan drástica”.
La situación financiera se complicará para el próximo año, admite Ramírez, pues aunque pasará de 43 millones de pesos en 2021 a 46 millones en 2022, habrá un decremento en términos reales.
Por la demanda creciente “consideramos que deberíamos tener un aumento importante, contamos con un presupuesto bastante bajo. Soy un funcionario acostumbrado a trabajar y echarle ganas con lo que tenemos, incrementar productividad y eficiencia. Con poco, hacemos más cuando hoy el reto es mucho mayor, hemos resuelto muchos más casos de los que resolvíamos antes. No nos gusta estarnos quejando del presupuesto”.
Las acciones instrumentadas con el apoyo de Acnur para pagar el salario de trabajadores está ayudando en este año a paliar el crecimiento de la demanda, si bien por el carácter de la contratación –vía una consultora– impide que este personal tenga facultades plenas dentro del organismo. Situación que cambiará el próximo año, de firmarse el convenio que ya tiene el aval de las secretarías de Gobernación y de Hacienda.
En 2021, tiene 172 empleados directos, que se suman a 190 eventuales que se integraron con el apoyo de Acnur. Próximamente, también se fusionará la Comisión de la Frontera Sur a la Comar, lo que mejorará la capacidad operativa.