La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, tuvo 13 meses para confirmar y dar cauce judicial a una denuncia de 66 páginas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que implica en actos de corrupción por 724 millones de pesos a Ricardo Gallardo Cardona, su padre, varios de sus familiares, allegados políticos y empresas vinculadas accionaria o informalmente con quien ayer rindió protesta como gobernador de San Luis Potosí.

Sin embargo, a pesar de la detallada relatoría de la UIF, la tortuguesca fiscalía gertziana no movió un dedo y así permitió que Gallardo Cardona fuera candidato a gobernador por el Partido Verde Ecologista de México (las cuatro mentiras) en una alianza en la que Mario Delgado quiso añadir a Morena (reacciones fuertes de morenistas potosinos lo impidieron) y sólo terminó sumándose el oportunismo del Partido del Trabajo.

El fiscal Gertz Manero ni siquiera habría necesitado solicitar el desafuero de Gallardo Cardona, pues su protección como diputado federal feneció con el primer día del mes en curso, así que en estas casi cuatro semanas la FGR pudo haber solicitado una orden de aprehensión sin mayor complicación procesal (aunque Gallardo no sea científico ni pertenezca a ningún foro).

Ahora, ha iniciado un periodo de seis años más de blindaje para el político que estuvo en cárcel de máxima y mediana seguridad bajo acusaciones relacionadas con lavado de dinero y otros hechos criminales, imputaciones que no concluyeron con una resolución declaratoria de inocencia, sino de convenientes fallas procesales.

El 14 de agosto de 2020 se entregó en la Dirección de la Unidad de Documentación y Análisis de la FGR el oficio 110/276/2020 con el cual la UIF, correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, formulaba “denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito”.

El documento fue publicado este domingo en exclusiva en La Jornada San Luis (https://bit.ly/39EVd1h) y en él se asienta que la UIF detectó “la ejecución de un esquema que originó el desvío millonario de recursos (724 millones de pesos) de los municipios que respectivamente presidieron (Ricardo Gallardo Juárez en San Luis Potosí y su hijo, Gallardo Cardona, en Soledad de Graciano Sánchez), los cuales probablemente tuvieron como destino personas morales con socios comunes, integrantes de la familia Gallardo Cardona, así como personas morales señaladas por el Servicio de Administración Tributaria como empresas que facturan operaciones simuladas e incluso, miembros de la delincuencia organizada, tal como se indica”.

La UIF solicitó a la FGR el “inicio de una carpeta de investigación correspondiente sobre los hechos descritos” (que cuando menos podrían significar “actos de peculado y enriquecimiento ilícito, a través de la utilización de estructuras societarias para canalizar fondos provenientes de actos de corrupción”), el “aseguramiento de las cuentas” bancarias pertenecientes a las personas físicas y morales denunciadas y, “en su momento, de encontrar elementos suficientes”, que se “conduzca a los denunciados a proceso, ante el juez de control competente”. Nada de eso hizo la FGR dirigida por Gertz Manero.

En realidad, se dejó correr la candidatura de Gallardo Cardona en pago político por la renuncia al PRD de él y otros diputados federales y por votar luego por sistema a favor de Morena, se exterminó mediante maniobras burdas y vergonzosas la posibilidad de que este partido compitiera realmente al preseleccionado de Palacio Nacional y se cumplió con la cuota para el Verde (SLP como moneda de cambio por San Lázaro).

Ayer, en SLP, aplaudieron al nuevo gobernador la secretaria del medio ambiente, Luisa María Albores (representante presidencial); la presidenta de la directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero; el líder del Senado, Ricardo Monreal; el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello; el cincuentón Niño Verde, Jorge Emilio González; el mancerista Héctor Serrano (ahora asesor de Gallardo) y otros invitados. Faltó Gertz. ¡Hasta mañana!

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