Transcurridos poco más de dos años desde el anuncio presidencial (29 de julio de 2019) todo se mantiene en el aire, a pesar de que el compromiso público y oficial fue instalar una mesa de negociaciones, “a más tardar en 10 días”, para que “dirigentes sindicales y empresarios (de la minería) traten los temas pendientes, busquen acuerdos y vean hacia adelante; voy a convocar personalmente a este diálogo y luego se instala la mesa, es por el bien de los trabajadores y de la economía del país; a los mineros les pido que me esperen antes de tomar otras medidas”.
Bien, los mineros esperaron, pero ¿dónde quedó la mesa de negociación?, porque a 26 meses de distancia no se ha instalado, el diálogo brilla por su ausencia, la “buena voluntad” de los barones no aparece por ningún lado, tres huelgas mineras (Taxco, Sombrerete y Cananea) se mantienen activas desde hace 14 años ante la complacencia de las autoridades respectivas y los empresarios del sector (especialmente Germán Larrea y Alberto Bailleres) si bien oficialmente ya no obtienen más concesiones en su área específica de influencia, sí gozan de todo tipo de jugosas autorizaciones y contratos de obra pública para seguir exprimiendo al erario, como en el caso del Tren Maya. Y se las otorgan sin condicionar absolutamente nada (como sentarse en la mesa de negociación, por ejemplo), al estilo de los “viejos” tiempos.
Tal vez la falta de atención este problema comience con la idea presidencial de que como hace dos años y pico giró la instrucción, entonces el conflicto quedó resuelto y todos felices. Sin embargo, en los hechos permanece en el cajón de los olvidos, entre la espesa burocracia, el conflicto de intereses y el cuidado de la mafia empresarial, donde la batuta la llevan impresentables como Germán Larrea.
Tal vez influya también que el mandata-rio encargó la solución a tres secretarías de des-pacho (Gobernación, Economía y Trabajo) y a una oficina que ya no existe (de la Presidencia, con el empresario Alfonso Romo ahí cuidando los negocios privados), instancias que no se han caracterizado por la reivindicación de los derechos obreros ni la solución de los conflictos. Olga Sánchez Cordero regresó al Senado; Graciela Márquez Colín dejó Economía –donde no hizo mayor cosa– para ocupar la vicepresidencia del Inegi; y Luisa María Alcalde se mantiene en el puesto, aunque nadie lo registra, porque ella solo atiende las indicaciones de El Padrino.
Por cierto, en Economía (todavía con Márquez Colín) cancelaron la Subsecretaría de Minería, a cargo de Francisco Quiroga Fernández (cancerbero de los barones), quien fue ejecutivo de Grupo Villacero y la trasnacional Arcelor Mittal antes de llegar al gobierno de la 4-T. Tampoco dio golpe para atender la instrucción presidencial, pero hoy cómodamente despacha como embajador de México en Alemania.
Nadie, pues, atendió la instrucción presidencial y ningún relevo en las citadas dependencias del Ejecutivo ha hecho mayor cosa: la mesa de negociaciones no existe por capricho de Larrea y demás barones. Tatiana Clouthier, hoy en Economía (encargada de lo relacionado con la minería) no ha movido un dedo (aunque sí ofreció una mesa de negociación… “para inversionistas extranjeros que se vean afectados por las reformas de la Ley de la Industria Eléctrica); Adán Augusto López estrena puesto en Bucareli, y Luisa María… bueno ya se sabe a qué se dedica. Y no hay que olvidar a los cómplices de los barones en el Congreso y el Poder Judicial.
Desde julio de 2007 (periodo que involu-cra los gobiernos de Calderón, Peña Nieto y Ló-pez Obrador), tres huelgas mineras legales con-tinúan (Taxco, Guerrero, Sombrerete, Zacatecas, y Cananea, Sonora) contra Grupo México, del tóxico Larrea, quien se niega a resolver losconflictos. De hecho, para golpear a los trabaja-dores en Cananea este impresentable barón clausuró clínicas y hospitales, armó una lista ne-gra para que no los emplearan en sus comunida-des de origen y demás prácticas feudales, mientras el gobierno federal le sonreía y apoyaba.
Recuérdese que en 2010 Felipe Calderón envió a esa población sonorense a la Policía Federal (con apoyo estatal y municipal) para romper, violenta e ilegalmente, la huelga. Como sus antecesores en Los Pinos, Peña Nieto mantuvo impune al barón. Entonces, ¿también en la 4-T? ¿Cambiar todo para no cambiar nada?
Las rebanadas del pastel
¿Hasta cuándo, pues?
