A tres años del gobierno de López Obrador, si bien hay un esfuerzo importante por aclarar qué sucedió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aún “no se terminan de romper los pactos de silencio e impunidad como hubiésemos esperado”, afirmó Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y añadió: falta voluntad para indagar a fondo a las autoridades más altas del sexenio pasado “que tomaron la decisión política de cerrar el caso con una versión que no tenía suficiente soporte en la evidencia científica”.
Al cumplirse siete años de la desaparición perpetrada en Iguala, Guerrero, aseguró que aún “no se ha alcanzado la verdad”. A pesar del cambio de postura oficial, quedan las preocupaciones sobre la actuación de las fuerzas armadas y el desempeño de la Fiscalía General de la República (FGR), donde persiste “la opacidad y la ineficacia”. No se ha logrado que rinda cuentas Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, que en el sexenio pasado encabezó la indagatoria.
Entre los padres de los jóvenes hay “una sensación de que estamos ante avances muy exiguos”. Sin afán de suplir su voz, “sí los vemos muy frustrados y ese sentimiento está agravado en este aniversario por las secuelas que ha dejado el Covid-19, hemos tenido que decir adiós a papás que murieron: a don Saúl Bruno y a don Bernardo Campos”.
El titular del Centro Prodh, una de las organizaciones que acompaña en la representación jurídica de las víctimas, expuso que es preciso distinguir dos momentos de actividad criminal concertada que se deben esclarecer: la propia desaparición de los estudiantes, pues “lo que hoy sabemos es que un grupo criminal con los apoyos de funcionarios de distintos niveles de gobierno los desaparece”, y la decisión que se tomó en los más altos niveles de la administración de Enrique Peña Nieto de dar carpetazo a la investigación.
Reconoció avances como la identificación de los restos de Jhosivani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez, ubicados en un lugar que no es el basurero de Cocula, sino la Barranca de la Carnicería.
Consideró un avance “que se haya ampliado la acusación por hechos de delincuencia organizada en contra de elementos de corporaciones que ni siquiera habían sido investigados. Hoy tenemos un capitán del Ejército acusado, que era del 27 batallón en Iguala, y dos policías federales rindiendo cuentas ante un tribunal y en prisión”.
En la anterior administración se decía que todos los normalistas fueron llevados a un mismo sitio, el basurero de Cocula, el cual fue su paradero final, “hoy el gobierno dice que la prueba indica que los estudiantes fueron divididos en varios grupos y no estaban los 43 juntos”.
En cuanto a la Secretaría de la Defensa Nacional, no se observa “una actitud proactiva al esclarecimiento y favorecedora de la transparencia” y la FGR “no está a la altura de la expectativa de cambio”.
