La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa representa “un caso emblemático no sólo para México, sino para el mundo (...), lo dramático es que se trata sólo de un caso de más de 90 mil” en el país, sostiene el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández-Maldonado. A siete años, admite un viraje en la investigación para esclarecer no sólo el destino de los jóvenes, sino para indagar la complicidad de funcionarios de todos los niveles.
Un cambio que ha permitido allegar aportaciones de inteligencia, la identificación de dos estudiantes y mucha mayor claridad sobre los actores no estatales. “Hay que reconocer que con el paso del tiempo es muy difícil que respondan a las expectativas de los familiares, pero hay que ver hacia dónde avanza la investigación”. Aún hay deficiencias que deben corregirse, como la lentitud en cumplimentar órdenes de aprehensión y de extradición o recuperación de pruebas.
En entrevista con La Jornada, subraya la voluntad política del nuevo gobierno expresada al más alto nivel con una comisión presidencial, “nadie dice que sea fácil, pero es lo mínimo que debe existir desde el Estado”. En lo penal o de derechos humanos, la acción rápida y oportuna es esencial. Al paso del tiempo esto afecta todo el rumbo.
Incluir a ex funcionarios
Censura las tergiversaciones en el pasado que en su momento ONU-DH alertó: “hay evidencia de que no sólo la ruta de investigación no iba en el sentido de hallar a los culpables, sino que se sumaron violaciones como la tortura y tratos crueles, un enorme obstáculo para el estado de derecho que derivó en la impunidad”. Para Fernández-Maldonado, las investigaciones actuales deben involucrar la presunta responsabilidad de ex funcionarios por su desempeño en la primera etapa.
La situación del ex responsable de la investigación, Tomás Zerón, debe involucrar –subraya– un despliegue diplomático de México ante la inexistencia de tratado de extradición con Israel. Tratándose de violaciones graves de derechos humanos, deben favorecerse gestiones bilaterales, pues es un asunto en el que organismos internacionales no pueden colaborar.
Su análisis de la atención al caso Ayotzinapa lo lleva a los desaparecidos en el país: “las cifras oficiales dan una idea de la magnitud, 90 mil. Lo que diferencia a México es que en otros países las desapariciones formaron parte de un fenómeno de políticas gubernamentales del pasado; aquí, la mayor parte provienen de actores no estatales”. Es un fenómeno actual, pues infortunadamente siguen ocurriendo, por ello la responsabilidad del Estado de atenderlo.
Se ha admitido la gravedad y se ha construido un marco legal para enfrentarlo, pero en paralelo hay una enorme crisis forense para el reconocimiento de cuerpos.
En Ayotzinapa, “los padres quieren saber qué y por qué les pasó eso, la justicia y la reparación, pero también la garantía de no repetición; el diagnóstico es clave: por qué pasó, qué factores han facilitado que ocurriera y cómo podemos removerlos para que no vuelva a ocurrir”.
Tras recordar las observaciones que ONU-DH hizo a México por su alejamiento de los estándares internacionales en la investigación original, sostiene que en la actualidad se sienten “cómodos” con las condiciones de colaboración porque participan directamente en reuniones y labores de búsqueda, por lo que cuentan con información de primera mano para verificar el apego a parámetros internacionales, reforzando la colaboración con otros países.
