La Paz. El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, acusó ayer a la asamblea legislativa del departamento oriental de Santa Cruz, gobernado por Luis Fernando Camacho, de incurrir en “delito de separatismo” y acciones golpistas por aprobar una ley que autoriza la designación de autoridades locales en distintos organismos, y señaló que se trata de “una grave afrenta a la unidad del país”.

La polémica deriva de la decisión de ese órgano legislativo local, controlada por Creemos, de aprobar el pasado día 17 una ley que permite el nombramiento de funcionarios en la fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Electoral Departamental y otros dos organismos, lo que afecta, de acuerdo con el ministro Lima, “la unidad nacional”.

“Lo que ha hecho la Asamblea Departamental de Santa Cruz al aprobar esta norma no es un acto que tampoco pueda ser admitido. La Asamblea Legislativa Plurinacional es la única instancia que puede regular en esta materia”, argumentó Lima en conferencia de prensa.

Adelantó que el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional una acción de conflicto de competencias, en la cual solicita una medida cautelar para que esa ley inconstitucional sea suspendida y se evite su promulgación.

“Ésta es una muestra de la actitud de Luis Fernando Camacho: quiere consolidar un golpe de Estado en el país y ser reconocido como dictador, por eso el acto de promulgación de esta ley va a ser considerado delito de separatismo”, advirtió el ministro.

Destacó que el órgano legislativo local incurre en “una vulneración a leyes, la Constitución y las normas de orden público” con su decisión. “Esta actitud tampoco es tolerable” y su objetivo es “dividir al pueblo boliviano”, sostuvo.

Esta declaración aumentó la tensión surgida la mañana de ayer en la ciudad oriental, donde grupos próximos al gobernador Camacho retiraron de un acto oficial la wiphala, que fue izada minutos antes por el vicepresidente, David Choquehuanca.

Lima dijo que la “afrenta” a la wiphala y agresiones a dirigentes indígenas, cometidas también el viernes en Santa Cruz, constituían delitos de racismo y discriminación, por los cuales el gobierno preparaba denuncias penales en la justicia ordinaria.

Camacho, quien antes era sólo líder cívico de Santa Cruz, se presentó a las elecciones a gobernador del citado departamento con la alianza Creemos, la misma que amparó su candidatura en la elección presidencial en octubre de 2020, en la que se impuso Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), del ex mandatario Evo Morales.

El ahora gobernador fue uno de los líderes de la ola de protestas contra Morales tras las elecciones de octubre de 2019, que derivó en un golpe de Estado.

Tras la deposición del líder indígena y de varios de sus altos funcionarios, la entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, se autoproclamó presidenta ante la Asamblea Legislativa sin quórum y lideró el gobierno hasta la celebración de los pasados comicios.

La líder golpista está en prisión preventiva desde marzo en La Paz bajo acusaciones de “sedición, terrorismo y conspiración” cometidos durante el golpe de Estado contra Morales.