La llamada “verdad histórica”, un término que se empleaba en el viejo sistema penal, abarca la presunta integración de lo sucedido en un acontecimiento. En el caso Iguala se consideró que lo sucedido en esa ciudad la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 se trató de una agresión en contra de 43 normalistas de Ayotzinapa en la que participaron policías de diversas corporaciones municipales en coordinación con integrantes del cártel Guerreros Unidos.
Una de las hipótesis era que en esa fecha los estudiantes pretendían secuestrar camiones para acudir a la manifestación del 2 de octubre en la Ciudad de México y también que fueron a Iguala para afectar el informe de María de los Ángeles Pineda –esposa del entonces alcalde José Luis Abarca– al frente del DIF.
Las investigaciones iniciadas en 2014 refirieron que los estudiantes fueron privados de su libertad, llevados al basurero del municipio de Cocula, y allí los asesinaron, sus cuerpos fueron colocados en una pira, incinerados a cielo abierto, y los restos óseos triturados, colocados en sacos y luego arrojados al cauce del río San Juan.
Asimismo, que el secuestro y posterior desaparición fueron ordenados por los jefes regionales de Guerreros Unidos porque supuestamente los confundieron o creyeron que habían sido infiltrados por integrantes de la banda de Los Rojos, su grupo rival en cuanto al tráfico de drogas en la región de Iguala.
