Con 31 académicos torpemente acusados de delincuencia organizada se oculta la realidad de la fuerte y bien organizada concepción elitista y empresarial de la educación y la ciencia y tecnología (CyT), que urge discutir a fondo. Es la que se arraigó profundamente en las instituciones con iniciativas como la de Salinas de Gortari (Cuernavaca, 1990) de establecer pagos extraordinarios a “los mejores” académicos. Una manera de contrarrestar exitosamente la intención social y solidaria que se fortaleció en las universidades desde la década de los 60.
Hizo posible para un segmento reducido de profesores e investigadores el acceso a ingresos incluso superiores a los del Presidente de la República y hasta 10 veces mayores a los de otros académicos de la misma institución. Pero generó un gradual y profundo distanciamiento de las instituciones respecto de las preocupaciones –sobre todo de educación y conocimiento– de millones de mexicanos) y propició el acercamiento creciente y no pocas veces acrítico a las necesidades empresariales y gubernamentales.
Esto generó en el medio divisiones internas, conservadurismo y hasta expresiones de racismo y clasismo extremo –como en un caso de los ahora perseguidos–, respecto de trabajadores universitarios morenos y de evidente origen popular.
Con Fox y Calderón esta tendencia elitista-empresarial llegó al extremo en el terreno de la CyT. Sobre todo con la Ley de Ciencia y Tecnología impulsada por Fox y luego Calderón (2002). Con ella prácticamente se entregó al sector empresarial la conducción, las instituciones de educación superior, los recursos y el horizonte mismo de la CyT. Y por eso es que la tensión actual tiene como componente adicional y de fondo el intento del Conacyt de establecer un parámetro sustancialmente distinto para el desarrollo de la CyT, propósito que no es bienvenido por quienes abogan a favor de una ley que conserve y mejore la vigente.
Eso dejaría vivo el actual artículo 36 que establece el muy conocido Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, donde es numerosa y clara la participación empresarial. Entre otros, “… la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico AC; la Confederación Nacional de Cámaras Industriales; el Consejo Nacional Agropecuario; la Confederación Patronal de la República Mexicana; la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación…) (Ley de Ciencia y Tecnología, 2002).
Esta integración no es inocente busca que “la actividad de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que realicen directamente las dependencias y entidades del sector público se orientará preferentemente a… mejorar la competitividad y la productividad de los sectores económicos del país… (artículo 12, XIII). Es decir, las grandes empresas nacionales y extranjeras. Y cuando habla de “entidades”, no se refiere a centros privados de investigación, sino a las instituciones públicas: “las dependencias y entidades de la administración pública federal, en especial los Centros Públicos de Investigación así como las instituciones públicas de educación superior… promoverán activamente el desarrollo tecnológico y la innovación” (artículo 39). ¿Y quién pagaría todo esto? Respuesta: “el Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa…[que] concurrirían al financiamiento…”, es decir dinero público (artículo 9). (Para más, consultar de este autor http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/226.pdf).
La alternativa que se propone desde el Conacyt escandaliza a quien apoya la visión todavía vigente, desde el nombre: proyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Y las humanidades hacen posible incluir en la discusión sobre el rumbo de la CyT, referentes éticos, histórico-sociales, implicaciones y problemáticas de pobreza, desi-gualdad, discriminación, todo lo que hasta ahora ha estado ausente. E incluye el derecho al conocimiento –que debe ser colectivo, no sólo individual– de comunidades, regiones, segmentos sociales a participar decisivamente en la determinación de la agenda de ciencia y tecnología que responda a sus necesidades.
Precisamente por eso es muy cuestionable que la propuesta de ley incluya una estructura burocrática y autoritaria, el “Consejo de Estado”, integrado por funcionarios de distintos niveles, pues cerraría el paso a la creación de espacios de participación social para la discusión evaluación y decisión sobre CyT a nivel de instituciones, localidades, regiones y un remate nacional.
Por eso, más que perseguir a un grupo de académicos, el esfuerzo debería ir dirigido a cambiar la estructura legal que hace posible privilegios y abusos. La misma que visiblemente en estos 20 años no ha conseguido ni se ha propuesto cambiar el panorama social y humano del país. Es hora de dar un paso en una dirección distinta, más social y humana.
* UAM-Xochimilco
