Ciudad de México. Como consecuencia del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el que declaró la inconstitucionalidad de establecer el aborto como causante de un castigo penal, la Secretaría de Gobernación, anunció que “ha identificado casos de personas procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo, o bien, por haber sido participes en el proceso” y, junto con distintas instancias federales “desde el ámbito de su competencia dentro del Sistema de Justicia Penal, trabajan en conjunto para su liberación”.

Por medio de un comunicado, sin detallar la cantidad de casos de los que se trata, la Secretaría de Gobernación dio a conocer el análisis al respecto lo realiza por medio de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia; la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), y los sistemas penitenciarios y las defensorías públicas de las 32 entidades federativas.

Dicho análisis parte de la resolución del pasado 7 de septiembre en la que la SCJN avaló la acción de inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la Procuraduría General de la República, con la que declaró inconstitucional los artículos del Código Penal de Coahuila que castigaban hasta con tres años de prisión el aborto voluntario, con un fallo que tendrá efectos generales en todo el país, aclaró el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Antes de la resolución, con excepción de la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, la interrupción voluntaria del embarazo era sancionada con cárcel en los códigos penales de 28 entidades.