La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, y la titular de la Comisión para la Igualdad de Género, Malú Micher, demandaron que los congresos de los estados armonicen sus legislaciones con las recientes resoluciones de la Suprema Corte que despenalizan el aborto.
Las legisladoras de Morena propusieron que el Senado formule un exhorto a las legislaturas locales, a fin de que se actualicen con base en la “histórica” resolución del máximo tribunal del país, del pasado día 7, en la que los ministros consideraron inconstitucional criminalizar el aborto y se pronunciaron por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo sin enfrentar consecuencias penales.
Asimismo, la Secretaría de Gobernación anunció que “ha identificado casos de personas procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo, o bien, por haber sido participes en el proceso” y, junto con distintas instancias federales, “trabajan en conjunto para su liberación”.
Las senadoras Sánchez Córdero y Micher resaltaron que el reconocimiento por parte de la Suprema Corte de que “el aborto es un problema de salud pública es fundamental para que en México se impulse la impartición de educación sexual en todos los niveles educativos, considerando la progresividad de los conocimientos, según las edades de niñas, niños y adolescentes”.
En la propuesta, que firma también la senadora de Morena Eva Galaz, se resalta que la educación es necesaria para evitar los embarazos de niñas y adolescentes que hasta hoy estaban obligadas a vivir maternidades tempranas para las que no estaban preparadas.
Estos embarazos, resaltan, son un grave problema en nuestro país, que ocupa el primer lugar en esa materia entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes 15 a 19 años de edad.
Insistieron en que esa resolución de la Suprema Corte “sienta las bases para una impartición de justicia con perspectiva de género, a favor de las adolescentes y niñas que decidan ejercer su derecho a la interrupción de embarazos no deseados” y a procrear el número de hijos que consideren pertinente.
Número de casos, sin detallar
Por medio de un comunicado, sin detallar la cantidad de personas bajo proceso por interrupción del embarazo, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que el análisis se lleva a cabo por medio de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) y los sistemas penitenciarios y defensorías públicas de las 32 entidades federativas.
Antes del fallo de la Suprema Corte, con excepción de la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, la interrupción voluntaria del embarazo era sancionada con cárcel en los códigos penales de 28 estados.
