La llamada “verdad histórica” del caso Iguala fue construida con pruebas fabricadas, incluso se falsificaron telefonemas anónimos, la tortura se utilizó de manera generalizada, se manipuló evidencia para que cuadraran las supuestas investigaciones y se trató de cerrar la indagatoria en tres días, pero se rompió el silencio de funcionarios, testigos de lo sucedido y algunos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, señalaron durante una conferencia de prensa el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y el fiscal especial, Omar Gómez Trejo.

Asimismo, se anunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, para solicitar su colaboración respecto de la extradición de Tomás Zerón de Lucio, quien se desempeñaba como jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), cuando ocurrió la desaparición de los normalistas y ahora enfrenta cargos por tortura.

Durante una conferencia realizada en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, el subsecretario indicó que la indagatoria iniciada en 2019 ha obtenido pruebas que permiten avanzar en lo sucedido en Iguala, Guerrero, tanto la noche del 26, como la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y para ello se han realizado peritajes que involucran el análisis de 80 millones de llamadas, y de ellas se ha dado seguimiento a 116 números.

Encinas mencionó también que se ha establecido la coordinación que existió entre varios grupos de sicarios de Guerreros Unidos con los policías municipales de Iguala, y se ha determinado que no existió ningún vínculo entre los estudiantes y los agresores.

Esto último, se debe recordar, es debido a que en la administración anterior se difundieron versiones de que los normalistas pudieron haber sido infiltrados por miembros del cártel de Los Rojos, un grupo rival de Guerreros Unidos.

Agregó que se ha “ido demostrando algunas de las inconsistencias de la llamada ‘verdad histórica’, porque se ha podido acreditar plenamente que el objetivo de la visita de los estudiantes no era romper el desarrollo del informe de trabajo del entonces presidente municipal, José Luis Abarca, sino que efectivamente está acreditado en la búsqueda de camiones para asistir a la marcha del 2 de octubre, y lo pongo como ejemplo porque fue el punto de partida de la reconstrucción de hechos de la mal llamada ‘verdad histórica’”.

Asimismo, el funcionario federal puntualizó que se ha acreditado que hubo presencia de policías municipales de Huitzuco en los momentos importantes en los que se generó la agresión contra los estudiantes.

Refirió que se han realizado búsquedas en 136 puntos en diversos municipios de Guerrero, entre ellos Tepecoacuilco, Cocula, Iguala y Taxco, y gracias a ello se han obtenido 12 lugares en los que se han recuperado restos óseos.

En tanto, el fiscal especial, Omar Gómez Trejo, quien depende de la Fiscalía General de la República (FGR), explicó que de un total 89 órdenes de aprehensión que se han obtenido durante su gestión, 49 ya han sido cumplimentadas, y las 40 pendientes corresponden en 30 casos a hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre, y 10 mandamientos más que se relacionan con las irregularidades cometidas en la investigación.

Refirió que los imputados de la desaparición de los normalistas “fueron exonerados por haber indicios de que fueron torturados. Hoy existe evidencia de que la tortura se usó de forma generalizada, en concreto tenemos 40 videos que muestran a funcionarios públicos interrogando de forma irregular, con violencia sicológica o física”.

Intento de carpetazo

Ambos funcionarios coincidieron en que se trató de cerrar la indagatoria en tres días por parte de la administración de Enrique Peña Nieto, pero que en esta ocasión los investigadores cuentan con “todo el apoyo del Estado” para concluir las líneas de investigación en torno al paradero de los normalistas, limpiar el expediente y llevar a cabo acciones jurídicas con base en pruebas obtenidas de manera legal.

Esto, debido a que señalaron que se trata de un asunto de complicidades y ocultamiento de evidencia, y en la que, a decir del fiscal Gómez Trejo, las autoridades anteriores trataron de “que la responsabilidad recayera en unos policías municipales” y no en toda la red de complicidades que “existió entre el grupo delictivo y autoridades de todos los niveles”.

Gómez Trejo resaltó que la llamada “verdad histórica” se hizo con fabricación de pruebas y actos de tortura, con lo cual “se mintió a la sociedad (...) estamos señalando que se ocultó la verdad de los hechos y no se ha hecho justicia”.