Ciudad de México. Trabajadores de la planta General Motors, en Silao, Guanajuato, denunciaron que el mes y medio de plazo que la autoridad laboral otorgó para dar por terminado el contrato colectivo (CCT) ha permitido que continúen las “presiones y amenazas” en contra de los obreros por parte del sindicato “Miguel Trujillo López”, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), a fin de facilitar su reconfiguración y disputar la titularidad del convenio.

El pasado 19 de septiembre, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) resolvió cancelar el CCT que pertenecía a la organización cetemista, pero con efectos a partir del 3 de noviembre como resultado de la reposición del proceso de legitimación que se realizó el mes anterior, en el que la mayoría de los trabajadores rechazó continuar con el sindicato que encabeza Tereso Medina.

Agrupados en el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (Sinttia) -organización independiente con toma de nota conformada por trabajadores en activo-, los obreros de la armadora señalaron que “se ha intensificado el acoso” tanto en las líneas de producción de la armadora como en sus domicilios, para “presionarnos con firmar una hoja para afiliarnos” al sindicato de la CTM.

En entrevista, Alejandra Morales, secretaria general del Sinttia, explicó que el propósito de solicitarles firmas para su afiliación es para que el sindicato de la CTM cuente con el apoyo de 30 por ciento de los obreros, y así poder solicitar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral una constancia de representatividad, con la cual podrá disputar el CCT.

“Siguen con engaños a los trabajadores diciéndoles que si no se afilian vamos a perder prestaciones, y de no hacerlo comentaron (los delegados) iba haber represalias, y por miedo han firmado, porque no quieren estar presionados en su área de trabajo, es de lo que se está aprovechando la CTM”, comentó.

Añadió que a pesar de que la STPS solicitó la intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) y de la Inspección Federal del Trabajo para vigilar que obreros de la planta “no sean objeto de intimidación, amenazas, represalias o despidos y se garanticen sus derechos adquiridos”, hasta el momento no se ha presentado personal de estas instancias para verificar que se respeten sus derechos laborales.

Morales, quien labora en el área de carrocerías de la planta de General Motors desde 2010, comentó que la empresa General Motors en Silao, estaría aprovechando el hecho de que el gobierno de Estados Unidos cerró la denuncia contra México, que inició como parte del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que “se desactivó el riesgo de que se apliquen sanciones comerciales” a la compañía.

Héctor de la Cueva, asesor de los trabajadores de la armadora, apuntó que aunque la resolución de la STPS no tenga la intención de favorecer a alguien con la ampliación del plazo de hasta tres meses -considerando que las votaciones concluyeron el 18 de agosto y la terminación del CCT aplica a partir del 3 de noviembre-, no se garantizan condiciones de equidad y competencia sindical.

Y añadió: “la CTM se está moviendo libremente, mientras que al Sinttia no se le permite ninguna facilidad para hacer su trabajo en la empresa. A los representantes del sindicato independiente que intentan hablar con los empleados de la planta se les amenaza con que puede haber represalias. Esto significa discriminación contra el sindicato independiente”.

Al respecto, Morales, quien labora en el área de carrocerías de la planta de General Motors desde 2010, indicó que solicitaron a los directivos de General Motors en Silao una reunión para dialogar sobre “los hechos que están ocurriendo, pero se niegan a reconocernos como sindicato y dijeron que no lo harán sino hasta el 3 de noviembre”.

Respecto al plazo otorgado por la autoridad laboral, De la Cueva también señaló que se “abre un limbo que es contradictorio”, ya que mientras por un lado la STPS dice que se confirma que se da por terminado el contrato colectivo y habrá contratos individuales para los trabajadores respetando sus derechos, pero por otro la terminación del convenio tiene efectos hasta el 3 de noviembre.

De acuerdo con la resolución de la STPS, se obliga a General Motors a garantizar, en beneficio de los trabajadores, el respeto de todos los derechos y prestaciones adquiridas en el contrato colectivo. En consecuencia, las relaciones laborales se regirán por contratos individuales hasta la firma de un nuevo contrato colectivo.

De acuerdo con los resultados dados a conocer el pasado 19 de agosto participaron un total de 5 mil 876 trabajadores, de los cuales 3 mil 214 (54.7 por ciento) votó en contra; 2 mil 623 (44.6 por ciento) lo hizo a favor de conservar el CCT, y 39 fueron nulos.