Un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, estado de México, negó el miércoles pasado a la Fiscalía General de la República (FGR) girar órdenes de aprehensión contra varios colaboradores de instituciones académicas por presuntos delitos cometidos por el uso indebido de recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Al hacerse público el caso, algunos de los imputados y figuras opositoras al gobierno federal denunciaron la existencia de una “persecución” con motivo de sus labores científicas y académicas. Asimismo, un grupo de ex coordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), asociación civil a través de la cual se habrían desviado los recursos a fines distintos a los oficiales, difundió un comunicado en el cual expresa que la labor de dicho organismo siempre ha estado apegada a la ley, y considera como “sorprendentes e infundadas” las acusaciones de la Fiscalía. En respuesta, este órgano autónomo informó que no está actuando “contra los científicos, ni contra la academia”, sino en atención a “una denuncia en la que se señalaron posibles irregularidades, hechos con apariencia de delito respecto de servidores públicos que manejaron recursos a través de un esquema que tiene visos de ilegalidad”.
Para entender el origen y la naturaleza del caso, es preciso plantear varias consideraciones. En primer lugar, es necesario separar los juicios en torno a la inocencia o culpabilidad de los 31 señalados de sus méritos académicos y de su pertenencia a la élite intelectual del país, pues sería tan erróneo negarles la presunción de inocencia a la que toda persona tiene derecho, como pretender que los integrantes de algún gremio son inmunes a la corrupción.
En segunda instancia, debe destacarse que la indagatoria no se dirige a sus labores docentes o científicas, sino al manejo de recursos que hicieron como funcionarios públicos de las pasadas administraciones, así como en tanto beneficiarios de asignaciones presupuestales como integrantes del mencionado Foro Consultivo, el cual operó entre 2002 y 2018 y estuvo conformado por personajes pertenecientes a la alta burocracia del Conacyt. Entre los involucrados se encuentran el ex director general del Consejo, 13 directores, siete directores adjuntos, dos coordinadores generales y dos jefes de unidad, entre otros altos cargos; por lo que resulta, al menos, cuestionable que quienes desempeñaron labores para una dependencia del Estado se favorecieran a sí mismos, aprovechando el espíritu neoliberal de la Ley de Ciencia y Tecnología promulgada en 2002.
Por otra parte, y sin olvidar que la legalidad o ilegalidad de su proceder deberá determinarse a través de los canales judiciales y con total apego a derecho, no puede soslayarse la manera frívola, irresponsable, antiética y ofensiva hacia el conjunto de los mexicanos con que operó el FCCyT. Como señaló ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, de los 571 millones de pesos asignados a esa institución privada, apenas 100 se emplearon en proyectos de ciencia y tecnología, mientras 471 fueron absorbidos por “gastos de operación”, eufemismo tras del que hay choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo, viajes al extranjero, y hasta una casa en una de las zonas más lujosas de la capital del país.
Está claro, entonces, que el proceso tiene una vertiente judicial, de competencia exclusiva de la Fiscalía y los tribunales, y una ética, que atañe a la sociedad entera en la medida en que se discute el uso de recursos públicos por parte de un pequeño grupo de personas. En este sentido, y al margen de que se establezcan o no responsabilidades penales, el caso debe servir para reflexionar en torno al uso del erario que se hace a nombre de causas tan loables como el impulso de la toma de decisiones gubernamentales basadas en el saber técnico y científico.
