Madrid. Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, fue puesto en libertad y sin medidas cautelares ayer tras haber pasado la noche en una comisaría de Cerdeña, Italia, donde fue detenido en atención a una orden de aprehensión y deportación del gobierno español.

La Corte de Apelación de Sassari lo citó a declarar para el próximo 4 de octubre, pero al no fijar ninguna restricción de movimientos, el líder independentista puede volver a Bruselas –donde vive refugiado desde 2017– o, si lo prefiere, permanecer en la isla italiana hasta su comparecencia. A su salida del juzgado, Puigdemont afirmó que el Estado español “no pierde ninguna oportunidad para hacer el ridículo”.

Puigdemont, el líder que impulsó la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017, se refugió en Bruselas después de que España intervino en la región. Él y otros impulsores de la fallida declaración fueron acusados por el Tribunal Supremo Español de los delitos de sedición, malversación y desobediencia. La mitad de los miembros del gobierno que presidió, incluido el ex vicepresidente Oriol Junqueras, fueron juzgados, condenados e indultados recientemente, con lo que ya están en libertad a pesar de que tenían penas de más de 10 años de cárcel.

El caso de Puigdemont es diferente, pues al no haber sido juzgado por el Tribunal Supremo, sigue vigente la orden de aprehensión internacional en su contra, que ya le costó al menos dos detenciones: una en Alemania, cuyo tribunal rechazó la extradición al no encontrar simetría entre el código penal español y el alemán, y ahora en Italia.

El auto de la Corte italiana especifica que no se aplicaron medidas cautelares porque Puigdemont es eurodiputado. La única condición que le impuso fue que acuda a declarar, en parte por petición de la defensa del líder independentista para aplazar la vista, el próximo 4 de octubre.

Tras conocer su detención, en Cataluña se provocó una tormenta política al punto de que los dos principales representantes de las instituciones autonómicas, el presidente y la presidenta del Parlamento, Pere Aragonés y Laura Borras, respectivamente, viajaron a Cerdeña para acompañar a Puigdemont, quien al salir del juzgado fue recibido por dos docenas de secesionistas cerdeños y catalanes y los representantes del independentismo catalán.

Los partidos que forman el gobierno, Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya, asumieron la detención como nueva medida “represiva” del Estado español y amenazaron con romper el diálogo recién inaugurado con el presidente Pedro Sánchez y la negociación para la aprobación de los presupuestos del gobierno central, que requiere del apoyo de los partidos separatistas catalanes. Sánchez instó a sus socios parlamentarios a mantener la calma y a pensar que “el diálogo es, si cabe, más necesario hoy y lo será en el futuro”.

En Barcelona hubo una manifestación de apoyo a Puigdemont, que reunió a unas 300 personas frente al consulado italiano.