La historia es añeja, conocida por todos y padecida por millones, pero pasan los sexenios y el problema no se resuelve ni hay interés en solucionarlo. La triste realidad es que seis de cada diez trabajadores en activo no podrán pensionarse a la hora de retirarse del mercado laboral (por sobrevivir en la informalidad), y quienes finalmente la logren estarán condenados a recibir menos que migajas. Con la reforma sobre outsourcing algunos mexicanos de a pie podrán ejercer este derecho, toda vez que sus plazas serán formalizadas, pero el resultado será el mismo, es decir, ingresos insuficientes –por no decir miserables– tras años y años de trabajo.
Como en tantos otros renglones, esa lacerante realidad nacional contrasta con el jugosísimo sistema pensionario que la muy neoliberal cuan reducida burocracia dorada (los puestos de primerísimo nivel ocupados por la cúpula política-tecnocrática) organizó para sí, cuyos montos alcanzan niveles oprobiosos y son un insulto para la mayoría de la población.
Cuando Ernesto Zedillo privatizó el sistema pensionario del país (otro gran negocio para la ya no tan mencionada minoría rapaz) aseguró que “las administradoras de fondos para el retiro (Afore) son la gran solución social al México moderno de hoy”, por tratarse, según dijo, “de un sistema para el futuro, moderno, ágil, transparente y, sobre todo, justo … ¡Esto es un gran triunfo de todos!” Y se quedó tan tranquilo.
A los dueños de las Afore –los barones de siempre– los gobiernos neoliberales les entregaron un nuevo cuan enorme filón, al tiempo que condenaron a millones de trabajadores a recibir pensiones miserables por el ahorro “administrado” por esas empresas, las cuales –ellas sí– obtienen multimillonarias ganancias a costillas de dinero ajeno. Además, con éstos recursos obtienen “créditos” blandos para lo que se les ofrezca (como el fallido aeropuerto de Texcoco).
Sin embargo, no todo fue desgracia. Cómo olvidar el faraónico cuan vitalicio sistema de pensiones que los ex inquilinos de Los Pinos armaron para sí: pensiones envidiables (por arriba de 200 mil pesos mensuales), guaruras, seguros de vida y otro de gastos médicos mayores, “personal de apoyo” (alrededor de 20 elementos de “apoyo” a su servicio y con salario cubierto por el erario), vehículos, combustible y una larga hilera de etcéteras, como si su devastador paso por la residencia oficial ameritara el pago de un solo centavo.
El presidente López Obrador echó al bote de la basura ese faraónico sistema, pero se quedó cortó, porque en otras instituciones del Estado sobreviven regímenes pensionarios que nada envidian al armado para los ex inquilinos de Los Pinos. Uno de ellos en el privilegiado mundillo financiero del sector público (Banco de México, banca de desarrollo, Hacienda), otro en CFE y Pemex, y algunos más en el Consejo de la Judicatura y en universidades estatales. Y sólo se requiere un pase para obtener pensiones de ensueño: ser funcionario de primerísimo nivel.
De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, ese año se destinarán más de un billón 172 mil millones de pesos al pago de pensiones, pero una muy buena parte de ese pastel se quedará en unas pocas manos, mientras que las migajas se repartirán entre millones.
La Jornada documentó un caso concreto: “un puñado de ex trabajadores con pensiones privilegiadas disparan el gasto de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad en este rubro. De acuerdo con datos oficiales, en el caso de la petrolera, el desembolso se recarga en sólo tres de cada 100 pensionados, que son los que perciben ingresos de entre 100 mil y 300 mil pesos mensuales, y en algunos casos llegan a alcanzar medio millón de pesos. Lo anterior ha sido una de las principales razones de que en la década reciente el gasto anual en pensiones y jubilaciones de las dos empresas productivas del Estado se haya incrementado hasta representar hoy una erogación anual cercana a 120 mil millones de pesos, similar al presupuesto de un año de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Súmense jueces, magistrados, gobernadores del Banco de México, ex directores de la banca de desarrollo y conexos, con pensiones superiores a 300 mil pesos mensuales. Entonces, fue un gran paso cancelar el privilegio a los ex inquilinos de Los Pinos, pero falta por avanzar.
Las rebanadas del pastel
¿Pensión mínima garantizada? Sí: poco más de 4 mil pesotes mensuales.
