Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad de establecer el aborto como causante de un castigo penal, la Secretaría de Gobernación anunció que “ha identificado casos de personas procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo, o bien, por haber sido partícipes en el proceso, por lo que, desde el ámbito de su competencia dentro del Sistema de Justicia Penal, (distintas instancias) trabajan en conjunto para su liberación”.

Sin detallar la cantidad de casos de los que se trata, la dependencia informó este viernes que el análisis de dichos casos los hizo por medio de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia; la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), y los sistemas penitenciarios y las defensorías públicas de las 32 entidades federativas.

La medida parte de la resolución del pasado 7 de septiembre por parte de la SCJN en la que avaló la acción de inconstitucionalidad 148/2017, promovida por la Procuraduría General de la República.

Con ello declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal de Coahuila que castigaban hasta con tres años de prisión el aborto voluntario. El fallo tendrá efectos generales en todo el país, aclaró el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

La interrupción voluntaria del embarazo es sancionada con cárcel en los códigos penales de 28 entidades, y sólo está permitida en la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo.