Generador de varios escándalos relacionados con su interés personal, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, está ahora en el centro de un conflicto que va escalando hasta involucrar a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Autónomo en teoría, es decir, responsable absoluto de sus decisiones y acciones, el fiscal general ha insistido en conseguir de un juez órdenes de aprehensión y sujeción a proceso de 31 científicos, entre ellos Enrique Cabrero Mendoza (nacido en SLP hace 56 años), quien de 2004 a 2012 fue director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE, integrante del sistema de centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) y, de 2013 a 2018, director del propio Conacyt. Desde el 8 de septiembre de este año es miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La pretensión de encarcelar y procesar a esa treintena de científicos, incluso a partir de acusaciones de delincuencia organizada y la petición de que sean llevados a una cárcel de alta seguridad, ha generado una reacción inmediata en la opinión pública, en redes sociales y en posicionamientos de figuras políticas diversas.

Por una parte hay quienes consideran injusto que un gremio, en este caso el de los científicos, pretenda sustraerse al curso burocrático de las investigaciones y procesamientos judiciales que en México afectan de manera cotidiana a muchas personas. No se estaría juzgando a los científicos en sí, señalan desde ese posicionamiento, sino a profesionistas que participaron en el manejo de fondos públicos (del Conacyt) en una asociación civil privada que, según la FGR, a partir de los señalamientos de la directiva actual del consejo, habría incurrido en actos de corrupción.

Por otra parte, se asegura que es desproporcionado el tratamiento que la FGR intenta dar a actos que, según esos posicionamientos, son regulares y ajenos a corrupción. El rector de la UNAM, Enrique Graue, ha salido en defensa de esos científicos. La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, investigadora con licencia de la UNAM, habló a su vez de “exceso” en cuanto a la pretensión de la FGR.

Más allá de las consideraciones jurídicas del caso, y privilegiando el interés público de que se esclarezcan estos señalamientos, el cuadro se descompone por la persistencia de Gertz Manero en mantener una velocidad de tortuga en el despacho de los asuntos a su cargo y, aún peor, en el uso del instrumento judicial a su cargo para gestiones abusivas de poder, como el encarcelamiento de la viuda de su hermano, entre señalamientos de que trata de condicionar que no se conozcan cuentas bancarias secretas en el extranjero, que habrían sido operadas por el hermano fallecido, o el caso de la Universidad de las Américas Puebla, e incluso la consecución del grado III (el más alto) como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, distinción e ingreso económico que no había podido alcanzar en anteriores administraciones del propio Conacyt, ahora bajo acusaciones.

Para añadir extraños componentes al batidillo, el morenista senador coahuilense Armando Guadiana recordó ayer que ha solicitado, a título personal, que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación investiguen el manejo de fondos públicos que hacen las universidades públicas, entre ellas la UNAM. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, se desmarcó de esa propuesta que, sin embargo, sumó ruido a las estridencias en curso.

Astillas

La Misión Permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas, @MexONU, tuiteó ayer: “recupera el canciller @m_ebrard en NY el patrimonio nacional sustraído ilegalmente. Le hace entrega el fiscal de distrito de NY”. A lo que la embajadora eminente Martha Bárcena (@martha_barcena, en Twitter), ex embajadora de México en Estados Unidos, preguntó correctora: “Querrán decir a nombre del @GobiernoMX ¿verdad?”... ¡Hasta el próximo lunes!

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