La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México propuso cesar la sociedad conyugal en los casos donde se ejerza violencia económica por constituir una conducta que lesiona la capacidad financiera de la víctima, afecta la preservación del patrimonio y pone en riesgo su supervivencia.
El artículo 196 del Código Civil que propone modificar establece sólo un supuesto por el que se aplica dicha cesación, que es el abandono injustificado por más de seis meses del domicilio conyugal por uno de los consortes, en cuyo caso la sociedad conyugal sólo podrá restablecerse mediante convenio expreso de ambas partes.
La diputada Yuriri Ayala Zúñiga expuso, al presentar la iniciativa al pleno, que en su actual redacción el artículo ignora otras circunstancias que justifican la cesación, como es el caso de que ambos cónyugues cohabitan en el domicilio, pero el varón, injustificadamente, se desentiende de hacer aportación alguna, económica y de tareas domésticas y cuidado de los hijos, colocando a la mujer en una situación de desventaja para preservar el patrimonio familiar.
Explicó que la violencia económica se manifiesta por medio de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones y sus efectos son menos evidentes que los de la física o sexual, pero mucho más cotidiana para un mayor número de mujeres y, al no ser visibilizada como las otras, se dificulta su erradicación.
Refirió que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016 arrojó que la Ciudad de México fue catalogada como el lugar más violento contra las mujeres, ya que casi 79 de cada 100 sufren violencia en cualquiera de sus formas, mientras el promedio nacional es de 66 de cada 100 mujeres; en tanto que 52 de cada 100 sufrieron dichas conductas por su pareja actual o última, sobre el promedio nacional que fue de 43 de cada 100 mujeres.
Advirtió que existe además la idea estereotipada de que en los hogares los hombres asumen el rol productivo y son ellos los que deciden qué se hace con el dinero. “Así, en algunas ocasiones ni las mujeres que la sufren ni los hombres que la emplean están conscientes de que sus actos ocasionan violencia económica”.
Otra modalidad, agregó, es cuando la mujer trabaja fuera de casa, pero es el hombre quien decide qué se hace con su dinero, controla sus gastos, le prohíbe o limita sus compras y exige que las justifique, la obliga a que le entregue el dinero o al contratar créditos en común no paga la parte que le corresponde.
El Congreso, agregó, tiene la obligación de contribuir a visibilizar y erradicar la violencia económica, “toda vez que es una de las manifestaciones de la negación del principio de igualdad y constituye uno de los mayores obstáculos para avanzar en el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres”.
