Comenzó la fiesta que el gobierno federal organizó entre los pueblos de la tribu yaqui, con miras al acto del 28 de septiembre, donde el Presidente de la República pedirá perdón por los agravios cometidos en su contra y pondrá a funcionar el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, uno de cuyos componentes centrales es la devolución de parte de su territorio ocupado ilegalmente por yoris –mestizos, no yaquis– y la entrega de hasta 50 por ciento de las aguas que desde 1939 les tituló el general Lázaro Cárdenas. De acuerdo con la información oficial, en el diseño e implementación del plan participan las secretarías de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Medio Ambiente, Comunicaciones, Cultura, Agricultura y Desarrollo Rural, del Bienestar y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, responsable de sacar adelante el plan.
El programa se ha promocionado como algo novedoso, producto del trato diferente que el gobierno de la autonombrada Cuarta Transformación busca dar a los pueblos indígenas, pero no lo es, ni en su forma, ni en sus objetivos. Los decretos de Lázaro Cárdenas que titularon a los yaquis parte de su territorio y el reconocimiento de su derecho al aprovechamiento de hasta 50 por ciento del agua que corre por el río que da nombre a la tribu, dieron pie a un proyecto del gobierno federal que involucró a las secretarías de Agricultura, de Educación, de Asistencia Pública, de la comandancia de la Zona Militar y de los bancos Ejidal y de Crédito Agrícola; eran tantos los funcionarios que su presencia dio origen a lo que hoy es Estación Vícam. Pero ese no fue el único efecto de su presencia. El naciente indigenismo y el paternalismo gubernamental que lo acompañaba, no permitieron la participación de los pueblos y crearon unos intermediarios que al final fueron los beneficiarios del programa.
Para los años 80 el indigenismo ya llevaba el apellido “de participación” y, sin perder su esencia, permitía que los pueblos fueran actores de los planes dirigidos a atender sus necesidades. Fue así como el Instituto Nacional Indigenista (INI) impulsó la elaboración del Plan Integral de Desarrollo de la Tribu Yaqui (Pidty), donde participaron jóvenes yaquis y el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo (Ceestem). Al paso de los años los jóvenes asesores constituyeron el Programa de Asistencia Técnica Integral de las Comunidades Yaquis (Paticy) y, aprovechando su relación con los funcionaros públicos del Estado, comenzaron a suplantar a sus autoridades. Para 1990 el Pidty fue reconocido jurídicamente por el Estado y salió del control de los pueblos. No fracasó porque los Fondos Regionales de Solidaridad (FRS), programa del presidente Carlos Salinas de Gortari, le inyectó recursos que iban a fondo perdido. Otra vez, indígenas cooptados por el gobierno fueron los beneficiarios.
Cuento esto porque entre varios pueblos de la tribu yaqui ronda el fantasma de aquellos programas gubernamentales y en ellos tratan de mirar su porvenir. Les duele que esta festividad se realice mientras ellos luchan por que aparezcan 10 miembros de la tribu, desaparecidos en julio; por la libertad de sus compañeros presos por defender su patrimonio y por que se haga justicia a los asesinados. A otros no les cabe en la cabeza que se cree un distrito de riego –en realidad que se reconozca uno que ya existe– en lugar de reconocérseles su territorio y los recursos naturales en él existentes, como marca el derecho; les causa desconfianza que se diga que se les va a dotar de aguas cuando eso ya lo hizo Lázaro Cárdenas hace más de 80 años y que se les ofrezca un recurso natural hoy concesionado a los grandes agricultores, sin que esté claro cómo van a hacer para que éstos renuncien a sus derechos.
Les preocupa que en el plan que se presentará el 28 de septiembre se omita la atención de sus más fuertes demandas hoy: la suspensión del funcionamiento del Acueducto Independencia, que lleva el agua del río Yaqui a Hermosillo, de la cual parte importante les corresponde; y se ignore la desviación del gasoducto Agua Prieta, que, de concluirse, fraccionaría su territorio. No les parece correcto que en la consulta para la creación del Plan de Justicia para los Yaquis, el gobierno hubiera reconocido como legítimas “autoridades duales”, es decir, paralelas a las que ellos han nombrado, como en los mejores tiempos del indigenismo. Según su dicho, eso sucede al menos en los pueblos de Loma de Bácum, Pótam y Vícam. No les parece mal que haya un plan de justicia para ellos, pero no lo quieren con los vicios de los anteriores; saben que ahora tienen derechos que en otros tiempos no tenían y quieren que se respeten.
