Por tercera ocasión, personal del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 12 en Guanajuato, impidieron el acceso al abogado Jesús Porfirio González Schmall y a un visitador adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes buscaban realizar una diligencia de seguimiento por una queja presentada por Mario Aburto Martínez, condenado por el asesinato del candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio en 1994.
El organismo expresó su extrañamiento por la “obstaculización” de su labor y por el “tratamiento excepcional inadmisible”.
Afirmó que ello “prueba que hay conductas respecto a este interno que no han cambiado desde hace 27 años, que justifican y fortalecen su queja interpuesta el pasado febrero”, cuando familiares de Aburto Martínez denunciaron ante el organismo “restricción o negación del derecho a la salud y presunta tortura”.
La CNDH exhortó al Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social a garantizar los derechos humanos del quejoso que mantienen “incomunicado”. También consideró urgente su traslado a una cárcel en Baja California, para estar cerca de su familia.
