Chihuahua, Chih., La gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos Galván, criticó ayer a funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) en la entidad, por no haber retenido a 340 indocumentados guatemaltecos que la Fiscalía General del Estado (FGE) localizó en una bodega de la capital del estado el fin de semana.
Durante la comparecencia del titular del INM en Chihuahua, Pedro Alberto Alcalá, ante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz estatal, la funcionaria dijo que el gobierno del estado y los municipios han asumido las funciones de la instancia federal y “de nada sirve que el INM tenga un presupuesto si no lo ejerce”.
Advirtió que cada semana ingresan a Chihuahua entre 400 y 450 migrantes deportados desde Estados Unidos y se quedan aquí, generando un problema para las autoridades locales.
El INM informó que en el Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario, en Ciudad Juárez, se brinda asistencia a 681 personas, mientras en el gimnasio municipal Kiki Romero en la misma ciudad, se da atención a otros 200, a quienes la Secretaría de la Defensa Nacional prepara alimentos.
En ese contexto, el delegado de Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera, llamó a evitar acciones que criminalicen a los extranjeros, como establece el artículo nueve de la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes para el Estado de Chihuahua, de vigente aplicación, según la cual el gobierno local está obligado a garantizar albergues, alimentación, servicios médicos, alojamiento, vestido, asistencia jurídica, orientación social y, en su caso, transportación a los transterrados.
En Reynosa, Tamaulipas, la alcaldesa y ex titular de la Coordinadora Nacional de Atención a Migrantes de la Asociación de Alcaldes del PAN, Maki Esther Ortiz, suplicó al gobierno de México frenar el flujo de migrantes hacia la frontera con Estados Unidos, pues se han convertido en un problema social, toda vez que se niegan a aceptar las fuentes de empleo que se les ofrecen.
Hay miles de indocumentados deambulando en la Plaza de la República, frente al Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, y en el sur de la entidad. “Contribuyen a la generación de riqueza, hay trabajo para todos, pero no que estén ocupando espacios que la ciudadanía utiliza para la reconstrucción del tejido social”, expresó Maki Ortiz.
