Durante el apogeo de la pandemia de Covid-19, en 2020, México tuvo menor tasa delictiva, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe). Sin embargo, el fraude no tuvo restricción de movilidad y registró un importante incremento, facilitado por los avances tecnológicos y la digitalización.
De acuerdo con estimaciones de la Envipe, dada a conocer este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el año pasado se cometieron 27.6 millones de delitos en el país, asociados a 21.2 millones de víctimas, lo que representó una disminución respecto a los 30.3 millones estimados en 2019.
Lo anterior está asociado a la reducción en el número de asaltos en calle o transporte público, que cayeron de 8.2 millones en 2019 a 6.2 millones en 2020.
“Se está incrementando paulatinamente la movilidad, lo que coincide con mayor actividad económica en distintos sectores, aunque con grados heterogéneos, y parece que estamos regresando a niveles de mayor actividad social de normalidad, aunque en algunos indicadores todavía por debajo de lo que se observaba antes de la emergencia sanitaria, y aún está por verse si esto va a tener como consecuencia que se sostenga el número reducido de robos en la calle o el transporte”, señaló Julio Santaella, presidente del Inegi, en conferencia de prensa.
El año pasado se perpetraron 5.3 millones de delitos por fraude, cifra superior a los 5.1 millones de 2019, toda vez que 43.2 por ciento fueron por el pago de servicios o productos no entregados, y 42.2 por fraude a tarjetas de crédito y débito.
Óscar Jaimes, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, aseguró que el incremento en los fraudes venía desde 2017, pero ahora se da con mayor fuerza.
Además de haber registrado un aumento estadísticamente significativo, también por primera ocasión se coloca como el delito más frecuente en las entidades federativas. Esto sí marca sin duda un cambio relevante en la forma en que se delinque y cómo se comporta el fenómeno.
“Es posible que siga aumentando en la medida en que el riesgo o la exposición a través de los distintos medios digitales o electrónicos, mediante los cuales se realizan operaciones electrónicas y monetarias, también lo haga”, precisó Jaimes. La inseguridad y la violencia en México cuestan a los mexicanos 1.85 por ciento del producto interno bruto nacional.
En tanto, nueve de cada 10 delitos no se denuncian y quedan en el limbo, debido a que las personas piensan que es una pérdida de tiempo (33.9 por ciento) y porque tienen desconfianza en la autoridad (14.2).
Se estima que en el año pasado, 93.3 por ciento de los actos ilícitos no fueron denunciados o terminaron en carpetas de investigación, respecto al 92.4 por ciento de 2019.
A escala nacional, 58.9 por ciento de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy día, seguido por el desempleo, con 41.5, y salud, 402 por ciento.
Seis de cada 10 mexicanos consideran como primera conducta delictiva cerca de su vivienda el consumo de alcohol o droga.
El Inegi reveló las profundas diferencias en el mapa del delito, ya que en la Ciudad de México y el estado de México un tercio de la población ha sido víctima, a diferencia de Chiapas y Veracruz, donde se registra la menor incidencia.