El primer paso fue adquirir la condición de ciudadanos y quedar inmersos en la maraña de la igualdad social. La igualdad no era otra que la jurídica: una conquista en favor de la libertad, sí, pero también el principio de un artificio engañoso. Esta formalidad disfrazaría la desigualdad real y el hemisferio privado del Estado dejando sólo al descubierto, para recibir críticas y embates en caso de inconformidad, al hemisferio público.
Sólo en casos de percibir un peligro para sus intereses, o bien para ampliarlos al máximo, el hemisferio privado actúa directamente en la esfera pública. La autonomía que logra el hemisferio público, si no orienta el aparato de gobierno hacia la consecución de los intereses del hemisferio privado, puede dar lugar a ciertas iniciativas de éste, incluso extremas.
En Nuevo León, donde su nivel de control social es muy claro, el poder oculto es el más visible. Basta ver la publicidad, la prensa y sus revistas especiales dedicadas a exaltar su riqueza, sus pertenencias (casas, autos, joyas, títulos, negocios, colecciones, familias), sus viajes, sus humores, sus abs, sus éxitos. Nada más ostentoso que ese despliegue. Por décadas mantuvo un bajo perfil. Pero llegó, con el neoliberalismo, la idea de la competencia (la “competitividad”) y su narcisismo se disparó.
En mayo de 2016 fue aprobada la Ley de Participación Ciudadana. El poder oculto la percibió como el primer paso para invadir el hemisferio público del Estado. Y lo hizo. Hoy el Poder Ejecutivo está en las manos de los expertos determinados por el Consejo de Nuevo León, un organismo aparentemente ciudadano. Ellos son los responsables de trazar las líneas estratégicas de gobierno. Es tan evidente su poder político, que la abanderada de Morena en las pasadas elecciones se justificó de no presentar un programa de gobierno propio, pues no era necesario: bastaba con el Plan Estratégico del Consejo Nuevo León.
La Fundación Conrad Adenauer, en su evaluación anual sobre las condiciones de la democracia en México calificó a Nuevo León como uno de los estados con el índice más pobre en participación ciudadana.
No debiera ser así por la cantidad de organismos ciudadanos que existen en la entidad: cientos, según Carlos Emilio Arenas Bátiz, quien prologa la obra Los retos de la participación ciudadana en la gestión pública de Nuevo León. En el libro se analiza minuciosamente el problema –lo es, menos que la solución– con diversas técnicas de investigación y un marco teórico muy documentado. Las conclusiones son, sin embargo, frustrantes en todas las dimensiones de la participación ciudadana.
Los autores encuentran que hay una evidente contradicción entre el universo teórico y normativo, y la práctica de la participación ciudadana. La conformación organizativa de los organismos ciudadanos y el nombramiento de sus integrantes no responde a formas democráticas. De hecho, sus dirigentes pasan a ser una burocracia, nombrada oficial o partidariamente, que recibe “un salario a cambio de un compromiso laboral de tiempo completo”. Los participantes por lo general desconocen su función o la confunden con un apoyo partidario. Lo que hay es clientelismo, asistencialismo y otras formas de legitimación de las autoridades.
En suma, simulación. Algunos de los episodios más sonados, como el Sistema Estatal Anticorrupción, han significado lo opuesto: corrupción impune. Lo mismo vale para transparencia, acceso a la información pública, calidad del aire, contraloría y una larga lista. Los opuestos a sus enunciados son lo cotidiano. En 2020, el presupuesto asignado a cubrir el gasto de los organismos “ciudadanos” fue de 270 millones.
De esa cantidad, no se sabe cuánto absorbe el Consejo Nuevo León, que presentó un aparatoso Plan Estratégico 2030 donde entrega su “visión”: a) hacer de Nuevo León un estado líder con un nivel sostenible de desarrollo para garantizar el bienestar de sus habitantes; b) lo cual se logrará con una ciudadanía comprometida e instituciones eficaces respetuosas de la legalidad, y c) en consecuencia, el desempeño del estado será comparable al de los países desarrollados.
Por de pronto, nada de eso se percibió en el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, cuyo plan estratégico de gobierno fue responsabilidad de ese consejo. Se lo ve como un gobierno improvisado, corrupto y fallido. El Consejo Nuevo León, en tanto que organismo ciudadano, debió ser una instancia de crítica y corrección a tal gobierno. No fue así. Su aparente condición ciudadana le permite mantenerse como un poder decisorio, pero oculto.
En los hechos, el Consejo Nuevo León es el gobierno real en el estado, que opera tras quien lo ejerce formalmente. A Rodríguez Calderón y su equipo les lloverán los tomatazos; mientras, la cúpula del consejo hace ostentación de sus “logros” privados y continúa gobernando a través del próximo gobierno formal. Y los que sigan.
