El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la última palabra sobre la elección de gobernador de San Luis Potosí y validó la victoria de Ricardo Gallardo Cardona, postulado por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo pero, en los hechos, apoyado fuerte y decisivamente por Palacio Nacional por medio de Mario Delgado y Morena, al grado de que este partido abatió concienzudamente sus posibles cartas competidoras y creó en esa entidad un enredo político y electoral para facilitar el avance del político apodado El Pollo.

Gallardo Cardona superó diversas impugnaciones y acusaciones, en cuanto al rebase de gastos de campaña y también en lo relativo a su detención en enero de 2015 por elementos de la entonces Procuraduría General de la República, bajo cargos de lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita.

El investigador del Colegio de San Luis, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, escribió en La Jornada ayer que a Gallardo “se le acusó de desviar 207 millones de pesos del erario municipal. En diciembre siguiente, salió libre gracias a las siempre convenientes deficiencias en el procedimiento. No fue exonerado de los delitos, ante la contundencia de las pruebas en su contra”.

Por desgracia, agregó Ruiz Guadalajara, “todo apunta a un vulgar pragmatismo político para mantener la alianza de Morena con el podrido Partido Verde y contar con sus votos en el Congreso. Así de crudo. En otras palabras, SLP y sus habitantes serán convertidos en simples daños colaterales del pragmatismo”.

Gregorio Salazar Hernández, juez federal de control, negó ayer la expedición de órdenes de aprehensión contra 31 ex directivos, científicos y académicos acusados de beneficiarse de un armado de corrupción con fondos derivados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT).

La pretensión de encarcelar y procesar a esos miembros de la comunidad científica ha generado incluso una fuerte reacción de Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, usualmente grisáceo en sus declaraciones, quien ahora “consideró un despropósito y algo inconcebible la acusación de asociación delictuosa contra integrantes de la comunidad académica” (https://bit.ly/3nYqrbT ).

La denuncia del caso, presentada por María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Conacyt, señala como uno de los presuntos responsables de diversos delitos a Enrique Cabrero Mendoza, anterior director del mismo Conacyt, quien desde el 8 de septiembre forma parte de la Junta de Gobierno de la UNAM.

El propio presidente de la República abordó el tema en su conferencia mañanera de ayer: “...se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt. Pero esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme”. La FGR, por su parte, anunció que “se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas”.

Con insistencia se señala desde algunos flancos del antiobradorismo que por censura gubernamental se han producido bajas en las plantillas de colaboradores, conductores y comentaristas de medios convencionales de comunicación.

Ayer, en un foro convocado por la fundación presidida por Mario Vargas Llosa y por la Universidad de Guadalajara, un tecleador astilloso aseguró que no conoce “un solo caso probado de injerencia de la Presidencia de la República en decisiones editoriales o laborales de algún medio de comunicación.

“He conocido versiones, sin un solo sustento documental o grabado en audio o video, es decir, sin una sola prueba periodística, de empresas que han prescindido de servicios de algunos de sus colaboradores alegando presiones desde Palacio Nacional. Pero, hasta ahora, parecieran coartadas de índole interna o decisiones de directivos en busca de agradar a un poder que ni les solicitó ni les premió por despidos o remociones”. ¡Hasta mañana!

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