Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará de nuevo las ordenes de aprehensión, contra varios colaboradores de instituciones académicas por presuntos delitos cometidos por el uso indebido de recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), “explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”.

La Fiscalía señaló lo anterior ante la negativa de un federal del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, a la solicitud de orden de captura diversos ex funcionarios del Conacyt, por delitos patrimoniales en contra del erario público. Consideró que es indispensable una información pública, clara y precisa, de cuál es su posición jurídica del impartidor de justicia en este caso.

Apuntó que el Juez de distrito señaló en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt, lo autoriza.

“Ese criterio no es aceptable para la FGR, ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Consejo, que son obligatorias para ellos, y que consideran al foro como un órgano interno de esa institución, y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria”.

Por esas razones, agregó que el Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas.

La dependencia considera que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables; y no es necesario, en modo alguno, el uso de filtraciones que no ayudan al conocimiento cabal de un tema que debe ser tratado con toda objetividad y en apego a derecho.

Por ello, la FGR agregó que hará uso de los recursos que tenga para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial.