Fuentes judiciales confirmaron que existe una carpeta de investigación abierta contra varios colaboradores de instituciones académicas por presuntos delitos cometidos por el uso indebido de recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
De acuerdo con académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), serían 31 los acusados, entre los que están el ex director del Conacyt Enrique Cabrero Mendoza, quien recientemente fue designado integrante de la Junta de Gobierno dela UNAM, así como el ex rector de la UAM Luis Mier y Terán y la profesora de esta casa de estudios Gabriela Dutrénit Bielous.
La carpeta de investigación abierta contra los científicos fue iniciada por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y comprende la posible comisión de ilícitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y delincuencia organizada.
Desde 2020 se inició una primera investigación, la cual no fue judicializada, y a principios de este año se abrió una nueva pesquisa registrada con el número de expediente FEM/FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000222/2021, que es la base de las acciones emprendidas ahora por el Ministerio Público.
Según han denunciado organizaciones gremiales de las instituciones donde laboran los imputados, la investigación estaría relacionada con los recursos que el Conacyt entregaba al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (Fccyt), una asociación civil que durante el sexenio pasado recibió más de 287 millones de pesos.
Apenas en julio pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó un amparo promovido por los ex directivos del Fccyt, impugnando el recorte de su presupuesto. Los ministros avalaron este ajuste señalando que “la disminución de los recursos con los que debe operar el Foro Consultivo Científico y Tecnológico no tienen incidencia en la esfera jurídica de la quejosa, al no afectar su participación en la creación científica, pues el foro no es un ente en el que se produce el conocimiento científico”.
Por su parte, los sindicatos del personal académico de la UAM y del CIDE señalaron que la acusación de la FGR “es absurda”, y la calificaron de “acto intimidatorio”. Demandaron el cese “de las amenazas y el amedrentamiento contra los 31 acusados”, a quienes expresaron su total solidaridad, y exigieron “alto a los intentos de intimidación contra las otras voces críticas en la academia”.
