A la pléyade de la omnipotente propaganda anglosajona – The Economist, Financial Times, Reuters, The New York Times: vinculada con la banca Rothschild y el clan de los Clinton/Obama/Soros– no le debe gustar en lo absoluto la política menos globalista de la economista búlgara Kristalina Georgieva (KG), de 68 años, a quien se le fueron a la yugular por haber supuestamente alterado los índices globales para favorecer a China mediante los rankings fake del Grupo Banco Mundial (GBM) y el FMI.

KG fue vicepresidenta de la Comisión Europea, jefa ejecutiva del GBM –conglomerado de cinco organizaciones internacionales que proporciona empréstitos a los países en vías de desarrollo– y presidenta en funciones del GBM después de la renuncia intempestiva en 2019 del surcoreano médico y antropólogo Jim Yong Kim (JYK). Hoy KG se desempeña como mandamás del polémico FMI.

No es lo mismo que el GBM haya sido presidido por el ex secretario de Defensa Robert McNamara y el megahalcón y neoconservador strau-ssiano Paul Wolfowitz –diseñador de las guerras de Estados Unidos en Medio Oriente desde la Universidad Johns Hopkins– que por KG, más comprensiva a los países en vías de desarrollo.

Según la revista globalista neoliberal The Economist, KG, en ese momento segunda de a bordo del GBM, colaboró para alterar los rankings del reporte anual Doing Business, que sopesa las condiciones en 190 países, y así haber favorecido a China, Azerbaiyán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (https://econ.st/2XEVizO).

¿Por qué The Economist exime al surcoreano JYK de su responsabilidad mucho más verticalmente directa? Según Financial Times (17/9/.21), portavoz del globalismo neoliberal, el “Comité de Ética” (¡megasic!) del FMI “revisa el asunto”.

La “investigación” fue encargada al poderoso bufete legal WilmerHale (WH), cuyos hallazgos con dedos y dados cargados fueron publicados por GBM (https://bit.ly/3tVUx0Q), que ya optó por cesar la publicación anual del reporte Doing Business (https://bit.ly/3zAny3u).

¿No será, acaso, que tales índices ya no convienen a los intereses anglosajones del eje Wall Street/La City?

¿Y quién es este “detective legal” WH que se da el lujo de incriminar a los directivos incómodos del GBM y FMI? Sin penetrar los dédalos de los bufetes en los paraísos fiscales, tipo Mossack-Fonseca, es conocida la ultrapolitización legalista en Estados Unidos cuando sus poderosos bufetes forman parte de la circularidad de sus negocios con el Olimpo, como es el caso de Albright Stone Bridge y el bufete Dentons Global Advisors (https://bit.ly/3ucrJ4t).

El bufete WH cuenta con mil abogados en el mundo –entre ellos México– y ha tenido como “notables alumnos” al polémico ex director del FBI Robert Mueller –que hizo el ridículo con la fallida defenestración de Trump– y al ex senador por Colorado y hoy embajador en México, Ken Salazar.

Reuters y The New York Times (https://nyti.ms/3hTSJk8) abundan sobre los “hallazgos (sic) de la investigación” por el bufete WH –con muchos escándalos a cuestas, como sus fétidos reportes sobre la gasera Enron y WorldCom/MCI.

Lo más hilarante y delirante de la “investigación” (sic) del bufete WH es que la califican de “independiente” (sic).

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que maneja las acciones mayoritarias de ese país tanto en el FMI como en el GBM, “analiza” los “graves hallazgos” (https://reut.rs/3nR9YGF).

¿Prepara la élite financierista/legalista anglosajona el sepelio de la economista búlgara KG? Esto huele a una redición de la defenestración erótica del francés Dominique Strauss-Kahn del FMI.

¿Quién va a “investigar” las actividades espurias del GBM en Afganistán donde instaló un gobierno vasallo para saquear su litio y sus tierras raras? (https://bit.ly/3zwbcZQ).

The American Lawyer cataloga al bufete WH como el segundo de Estados Unidos. ¿Qué firma “independiente” investigará el ranking de los bufetes legales de esta nación?

A mi juicio, el pecado imperdonable de KG es haber puesto en tela de juicio el modelo tramposo de la “asociación PP (Público-Privado)” mediante la cual el GBM busca avanzar su privatización a ultranza.

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