El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer ayer las multimillonarias condonaciones de impuestos con que las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto beneficiaron a entidades bancarias y otras grandes empresas.
De acuerdo con las cifras presentadas por el mandatario, en ese periodo Banamex se benefició con exenciones fiscales por 15 mil 848 millones de pesos, Inbursa por 7 mil 344 millones, Bancomer por 5 mil 279 millones y HSBC por mil 302 millones.
Se trata a todas luces de un hecho muy grave, pues exhibe una nueva arista de la historia de saqueo que ha significado la operación de las instituciones financieras privadas en el país.
El capítulo presente de este expolio sistemático se remonta a la reprivatización de la banca durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, su posterior quiebra debido a los malos –incluso criminales– manejos de sus nuevos propietarios, y la consiguiente entrega del sector a capitales extranjeros, aunada a la absorción de los pasivos privados como deuda pública, impulsada por el ex presidente Ernesto Zedillo y aprobada por los grupos parlamentarios del PRI y el PAN, cuando Calderón era el dirigente de este último.
Gracias al que puede calificarse como el mayor desfalco perpetrado contra la nación, durante décadas los bancos (en su abrumadora mayoría, extranjeros) obtuvieron pingües ganancias, no mediante las operaciones de intermediación que constituyen su razón de ser, sino por la incesante extracción de recursos públicos.
A lo anterior se añadió el cobro de comisiones desproporcionadas y ajenas a cualquier estándar internacional, pese a que uno de los argumentos esgrimidos para la entrega del sistema financiero a capitales foráneos fue justamente la necesidad de alinear su funcionamiento a las mejores prácticas globales.
Para colmo, además de que han ofrecido sus servicios a precios significativamente más elevados que en sus naciones de origen, y de que se han visto favorecidas con las transferencias sin cuento del rescate bancario, estas instituciones han negligido de manera continua su obligación de salvaguardar la seguridad y los haberes de sus usuarios, como demuestran la gran cantidad de delitos cometidos a través de sus plataformas de Internet o móviles, así como los fraudes de todo tipo de que son víctimas sus clientes, además de las frecuentes fallas en las mencionadas plataformas, que dejan a los usuarios en la imposibilidad de realizar operaciones.
Esta suma de depredaciones y negligencias deja claro que la optimización de los servicios financieros no fue sino un pretexto para una privatización que el tiempo ha mostrado fallida, ineficaz y muy costosa para el país y los ciudadanos de a pie.
