Ciudad de México. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exhortó al gobierno federal a no obstaculizar la importación legal de combustibles a través de la clausura de terminales privadas de almacenamiento y trasvase de petrolíferos ubicadas en distintas partes del país.

Desde agosto, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha suspendido varias instalaciones, aunque no ha informado las causas por las que ha determinado esas acciones.

La primera en ser clausurada fue la terminal de refinados de IEnova en Puebla, después la terminal de trasvase de Bulkmatic en Sonora y Monterra Energy en Tuxpan. Además en días recientes la Secretaría de Energía canceló cinco permisos a Trafigura, luego de que se impidió descargar combustibles de un barco en Tuxpan.

“No vemos una base válida para la suspensión de los permisos de importación de Trafigura México. Trafigura cumple con las leyes y regulaciones aplicables en las jurisdicciones en las que opera, incluido México”, dijo un vocero de la firma global.

Ante las medidas emprendidas por la CRE, el CCE expresó su “profunda preocupación”. “Estas suspensiones a empresas que operan totalmente dentro del marco legal vigente, obstaculizan la importación de gasolinas para proteger artificialmente a Petróleos Mexicanos (Pemex), en detrimento de las inversiones privadas realizadas en los últimos años”, dijo.

Consideró que la operación de las terminales privadas ha aumentado la capacidad de almacenamiento en México, con lo que se ha complementado la capacidad que Pemex utiliza para su propia producción e importación, en beneficio de la seguridad y estabilidad energética del país.

“El CCE hace un llamado al gobierno de México para que las acciones emprendidas para combatir actos ilegales en la cadena de hidrocarburos no perjudiquen a la ciudadanía y a la industria mexicana, ni pongan en entredicho el compromiso de nuestro país con los tratados internacionales de libre comercio”, destacó.

El organismo cúpula dirigido por Carlos Salazar Lomelín reiteró su compromiso con el principio de legalidad y plena aplicación del Estado de Derecho en México, pues el contrabando de gasolinas es un mal que afecta a la sociedad, al introducir en el mercado de combustibles aquellos de procedencia ilícita y de baja calidad.

“Desde el sector privado tenemos muy claro que la recuperación económica debe ser una prioridad para superar los estragos de la pandemia por covid-19”, agregó.

Consideró que aumentar la oferta de combustibles beneficia a la población, así como a la industria nacional al fomentar la competencia y tener distintas opciones de suministro de gasolinas.

Advirtió que limitar la importación de gasolinas reducirá la oferta de combustibles que son utilizados para actividades básicas como el transporte público, la distribución de productos alimenticios y mercancías, entre otros.