Ciudad de México. La Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Refugio, Desplazamiento y Trata (CLAMOR) del Consejo Episcopal Latinoamericano, que agrupa a más de 600 organizaciones de la Iglesia Católica en Latinoamérica y el Caribe, lamentó y rechazó “con firmeza” las conductas represivas, violentas y de contención de la migración en la frontera sur, particularmente en Tapachula. En una carta que dirigió a las autoridades por el fin de la represión de migrantes en México, exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), lleven a cabo acciones concretas para atender a las personas en contexto de movilidad, respetando el debido proceso y de esta manera, se eviten y prevengan violaciones a los derechos humanos.

Invitó al gobierno de México a que, antes de “reprimir y contener” a las personas migrantes, se preocupe por atender las causas profundas que hacen que miles de mexicanos sigan hoy viviendo “el drama del desplazamiento” y deban enfrentarse a la migración para buscar en otro territorio la seguridad y las condiciones necesarias para vivir, que no encuentran en su país.

“Nos damos cuenta de una profunda crisis migratoria que se vive en la frontera sur del país, en donde cientos de personas provenientes de países del norte de Centroamérica, Cuba, Venezuela, y ahora con un número considerable de Haití, esperan una resolución favorable a sus solicitudes de Refugio, protección complementaria o acceder a una regularización migratoria”.

Señaló que el hacinamiento, la falta de medidas de higiene, comida, insumos básicos, aunado a la lentitud en las resoluciones del INM y Comar colocan a las personas en situación de vulnerabilidad, afectando el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Al respecto, apuntó que los albergues, casas del migrante y comedores para personas migrantes están saturados y al límite de su capacidad, y que los esfuerzos de las iglesias locales, parroquias, diócesis están siendo rebasados ante la falta de una política migratoria acorde con los estándares de derechos humanos, la planeación estratégica y “los escasos o nulos recursos” del Gobierno Federal.

Dijo que la contención de personas migrantes en la frontera sur y las deportaciones sumarias, son medidas afines a la política de externalización de la frontera que promueve Estados Unidos. “Las decisiones políticas de ambos gobiernos afectan tanto a la población local como a las personas migrantes, a quienes se les deja en un callejón sin salida”.

Agregó que esta crisis “es a la vez una oportunidad” para que el gobierno mexicano demuestre el liderazgo regional respondiendo al desafío migratorio desde el respeto y la garantía de los derechos. Basta ya de represión, del uso de la violencia y el excesivo abuso de autoridad, no se trata solamente de migrantes, sino de seres humanos que necesitan de una oportunidad para vivir dignamente”.