El próximo 28 de septiembre, en Vícam Pueblo, frente a las autoridades tradicionales yaquis, el presidente López Obrador firmará el decreto mediante el cual se creará el Distrito de Riego 018, que por fin empezará a dotar parte del agua que por derecho les corresponde a los ocho pueblos yaquis. No es cosa menor. Esa agua, 250 millones de metros cúbicos, provendrá de la Presa La Angostura (Lázaro Cárdenas), que tiene un volumen de 500 millones de metros cúbicos anualmente. Esa agua les corresponde desde la resolución de 1940 del presidente Cárdenas, y por más de 81 años les ha sido descaradamente robada por los grupos de agricultores poderosos del valle del Yaqui, con la complicidad de gobiernos federales, estatales y municipales anteriores. Según el borrador del decreto, estas aguas se entregarán con independencia del derecho que adicionalmente les corresponde sobre aguas no controladas, actualmente controladas en las presas El Novillo y El Oviáchic, de las cuales el pueblo yaqui reclama 50 por ciento. El aspecto central de este decreto consiste en que la organización, titularidad, operación y control administrativo de este distrito quedará en manos de los pueblos yaquis, quienes decidirán todas las cuestiones relativas a la manera de explotar este recurso vital. En el mismo documento se prevé la construcción de obras y estructuras de captación, extracción, control, derivación, conducción, distribución y drenaje, dentro de una idea comunitaria de explotación del recurso hídrico y de la tierra, protectora del medio ambiente en beneficio de la generación actual y las venideras. Otro asunto es el de la tierra; revertir la invasión ilegal de terrenos yaquis por parte de agricultores ricos instalados en ellos traerá, sin duda, remezones en las poblaciones yaquis, pero no solamente allí, sino también a lo largo y ancho de todo el valle. De hecho, un indicio de la dirección que pueda tomar la reacción de los intereses hasta ahora privilegiados son los asesinatos y secuestros dirigidos contra los integrantes de la tribu. Sobre todo porque los convenios y decretos llevados a cabo durante los años 80 hasta casi las dos primeras décadas del siglo XXl, y que los yaquis demandan su anulación por ilegales, violan el derecho yaqui y su concepción del territorio como un espacio compacto y continuo, que no admite la propiedad privada sino comunal; sin divisiones geodésicas, a pesar de que las demarcaciones políticas de los municipios se superpusieron invadiendo al territorio yaqui anterior a la Colonia española y al México independiente. Es decir, el derecho internacional reconoce al mismo derecho yaqui como un derecho vigente y, en consecuencia, considera a sus pueblos sujetos titulares de su territorio completo. Ése es el sentido del proyecto de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al pronunciarse sobre el conflicto de tierras, agua y desarrollo yaqui en 2005. Uno de los últimos atracos contra ese territorio lo perpetró el ex presidente Ernesto Zedillo en 1997, al cercenarles mediante un decreto mañoso denominando “La Cuchilla”, un rectángulo de 2 mil 800 hectáreas frente a Bahía de Lobos, también yaqui. Huelga decir que esos terrenos fueron escriturados a favor de políticos y empresarios de la época y, por lo tanto, algún día serán devueltos a sus titulares, los ocho pueblos. A la distancia, la firma del decreto presidencial de Andrés Manuel es un primer paso favorable para el destino de la tribu. También, sin estar en el terreno de los hechos, hasta donde la vista alcanza, todavía sin distinguir con precisión sus figuras, todos los actores del valle, indígenas y yoris, por fuerza están bailando al ritmo del venado y la pascola, pero en su ramada seguramente los yaquis saben que danzan con lobos, antes como antes, ahora como ahora.

* Profesor investigador de El Colegio de Sonora