El próximo 26 de septiembre deberá tomar posesión de su cargo como gobernador constitucional de San Luis Potosí (SLP) el ahora gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona, apodado El Pollo. De concretarse lo anterior, Morena habrá mostrado una vez más las incongruencias de su discurso en torno a la transformación del país. Quedaría acreditada también la sospechosa falta de resultados que ha caracterizado la gestión del fiscal Gertz Manero, así como la pervivencia de una de las mayores lacras del ahora denominado “antiguo régimen” neoliberal: el uso político de la justicia. Lo más grave de esta situación es que ninguno de los actores mencionados puede argumentar nada en descargo de su conciencia. Todos han sido informados con elementos probatorios sobre los presuntos ilícitos que Gallardo Cardona, con la participación de su familia, ha cometido al menos desde 2012.
En ese año Gallardo ganó la presidencia municipal de Soledad de Graciano Sánchez, municipio conurbado con SLP, relevando en el cargo a su padre Ricardo Gallardo Juárez. En su gestión, a El Pollo Gallardo se le vinieron encima las observaciones de la cuenta pública 2013 que establecieron desvíos de recursos mediante triangulación de dineros municipales a tres empresas de la familia Gallardo. En enero de 2015, tras pedir licencia para contender por la candidatura del PRD a la gubernatura, El Pollo fue detenido por la entonces Procuraduría General de la República bajo cargos de lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita. Se le acusó de desviar 207 millones de pesos del erario municipal. En diciembre siguiente Gallardo Cardona salió libre gracias a las siempre convenientes deficiencias en el procedimiento. No fue exonerado de los delitos ante la contundencia de las pruebas en su contra; sin embargo, Gallardo se ha dedicado a sembrar la idea de haber sido perseguido por sus aspiraciones políticas. En el mismo 2015 su padre, Gallardo Juárez, ganó la alcaldía de San Luis Potosí, y durante su gestión hasta 2018 acumuló denuncias por desvío de recursos, compras simuladas y enriquecimiento ilícito, todo sustentado con pruebas por parte del Frente Ciudadano Anticorrupción de SLP (Fcaslp). Así, en tan sólo una década, los Gallardo habrían desviado 700 millones de pesos y acumulado millones de metros cuadrados de terrenos urbanizables.
En 2018 El Pollo fue rescatado por el PRD y ganó el segundo distrito de SLP para diputado federal en las elecciones de ese año, cargo que ocupó hasta noviembre de 2020 y desde el cual construyó su alianza con Morena, pero sobre todo con Mario Delgado, su principal valedor, quien en mayo de 2021 dijo tener “agradecimiento con Ricardo” por haber votado las reformas de AMLO y romper con el PRD para engrosar las filas del Partido Verde. Fue precisamente Delgado quien operó el hundimiento de Morena en San Luis Potosí luego de que sus militantes rechazaron la alianza con el Verde, que había hecho de El Pollo su candidato al gobierno de SLP. Tal como sucedió en sus otras campañas electorales, Gallardo, además de rebasar topes de campaña, practicó con maestría el clientelismo, incluido el ofrecimiento de mucho pan y circo. Con ello se alzó como ganador de los comicios, inaugurando una etapa de profunda incertidumbre y confrontación para quienes habitan en SLP.
Pese a todas las pruebas irrebatibles que se han entregado a las autoridades sobre el súbito enriquecimiento de la familia Gallardo en su paso por los cargos públicos, ¿por qué se le ha permitido a El Pollo llegar hasta aquí? Tras haberlo recibido en Palacio Nacional como gobernador electo, un reportero le recordó a AMLO que en 2018 calificó a los Gallardo como “mafiosillos”. La respuesta del Presidente fue que las acusaciones contra Gallardo no eran “más que un tema político”. Y agregó que esos cuestionamientos se debieron plantear en su momento y ante instancias legales.
Eso se ha hecho. Desde 2014 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó los primeros ilícitos; posteriormente, en febrero del 2018, el Fcaslp ingresó ante la autoridad judicial dos denuncias más sustentadas en pruebas sólidas (https://n9.cl/uk1te y https://n9.cl/xyr2l); y en 2020, la actual UIF entregó más evidencias a la Fiscalía General de la República que derivaron en dos carpetas de investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra los Gallardo.
Frente a ello, no hay argumentos para justificar la inacción. Por desgracia, todo apunta a un vulgar pragmatismo político para mantener la alianza de Morena con el podrido Partido Verde y contar con sus votos en el Congreso. Así de crudo. En otras palabras, SLP y sus habitantes serán convertidos en simples daños colaterales del pragmatismo, arrojando la histórica tierra de las luchas democráticas de Salvador Nava hacia un escenario de corrupción, amenazas y zozobra. Todo se definirá en los días previos al 26 de septiembre, cuando el fiscal tendrá su última oportunidad para demostrar que en México el uso político de la justicia ha desaparecido.
*Investigador de El Colegio de San Luis.
