La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos avaló la reciente resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que revocó la negativa a la apertura de la Guardia Nacional sobre la manera de utilizar la fuerza, prevista en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la instruyó a hacer una versión pública de las actuaciones realizadas.
El representante en México de la ONU-DH, Guillermo Fernández, aseveró que “las restricciones generalizadas en la reserva de la información y la reticencia a la rendición de cuentas sobre su desempeño son incompatibles con la Guardia Nacional y con cualquier otra institución que ejerza tareas de seguridad ciudadana en un estado de derechos”.
Los argumentos de la corporación para negar informes a una solicitud promovida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro “son improcedentes”, y respaldó las motivaciones expresadas en su momento por el Inai para instruir la apertura.
Esto es en virtud de que la reserva de información sobre uso de la fuerza es improcedente y contrarias a las obligaciones de transparencia, la publicidad de los hechos, circunstancias y de rendición de cuentas sobre la actuación de los servidores públicos, por lo que todas las instituciones del Estado están obligadas a probar que sus acciones estuvieron justificadas.
La ONU-DH reiteró la disposición para proporcionar asesoría y asistencia técnica que “precise el Estado mexicano para el fortalecimiento de las capacidades en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas con perspectiva de derechos humanos”.
