Su hija Nadia fue asesinada con una soga por su pareja y el hermano de éste en 2004 frente a sus tres vástagos. Desde entonces, afirma María Márquez, la investigación acumula deficiencias que mantienen la impunidad, aunque uno de los homicidas está preso, se perdió la soga y se desestimaron los testimonios de los hijos porque su edad no les permitía diferenciar “entre la fantasía y los hechos reales”. El 27 de octubre el caso llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante las deficiencias del Poder Judicial que liberó al hermano en 2012 por falta de pruebas.
Aun cuando fue detenido ya Bernardo López, la pareja de Nadia, la sentencia no está firme y existe el temor de que, al igual que como ocurrió con su hermano Isidro, sea liberado por un tribunal del estado de México por la presunta falta de pruebas, asegura María. Las decisiones en el Poder Judicial motivaron que acudieran a la CIDH, donde, después de 17 años de ocurrido, llegará el caso. Hoy sus hijos ya son todos mayores de edad.
Laura Curiel busca justicia para su hija Daniela, desaparecida en 2015 y que también se ha estrellado con la inoperancia de las investigaciones de feminicidios en esa entidad.
Su empeño inicial ha obligado que ahora lo haga huyendo constantemente, ante las amenazas que ha recibido para que abandone la búsqueda en el estado de México. Perseguida por camionetas blindadas, debió tomar precauciones ante la insuficiente protección de las autoridades y una infructuosa búsqueda de justicia en estos seis años.
“Fuimos perseguidos por personas que nunca supimos de dónde eran, por más que le decía a la fiscalía ‘¿qué está pasando?’ En esos primeros años nadie nos puso atención… Me tuve que desplazar, no tengo certeza de estar segura en ningún lugar”.
Sabe que sus exigencias a los responsables de la investigación los han incomodado, pero han pasado ya tres fiscales y las indagatorias siguen sin resultados. “A nadie le importa lo que pasó con mi hija”.
Sin protocolos
Los casos de feminicidios impunes en el estado de México se acumulan. El 2 de julio de 2017, Diana Velázquez desapareció y fue asesinada en Chimalhuacán, uno de los municipios mexiquenses con mayor incidencia de este delito. Después de cinco días de búsqueda, su hermana la encontró en el Semefo, relata Lidia Florencia, madre de Diana, quien condena que las autoridades, desde que encontraron su cuerpo abandonado, no adoptaron los protocolos de un feminicidio.
Se perdieron evidencias fundamentales y desde entonces se encaminó la investigación al fracaso y la impunidad que a cuatro años de ocurrido prevalece.
Son testimonios sobre una realidad que permanece en esa entidad, que encabeza la incidencia de feminicidios en el país.
