El sureste mexicano es clave en el proyecto político-territorial de la 4T. Allí se ubican tres de sus grandes megaproyectos: el Tren Maya, el Corredor Transístmico y la refinería Dos Bocas. Se concentran, además, muchos recursos de programas sociales, como Sembrando Vida. Tan sólo a Chiapas se destina 20 por ciento de este instrumento de desarrollo.
No es exagerado decir que, para el obradorismo, esa región del país es comparable a lo que fue Sonora para la facción triunfadora de la Revolución mexicana de 1910-17, Michoacán para Lázaro Cárdenas, el Bajío para los panistas o el estado de México para el Grupo Atlacomulco y Enrique Peña Nieto. No hay continuidad de un proyecto político al margen de su territorialidad. Y el sureste es el espacio en que la 4T aspira a implantarse perdurablemente.
Dos indiscutidas figuras regionales fueron claves en la forja de los apoyos del proyecto obradorista en esa zona: en Tabasco, el abogado y notario público Payambé López Falconi; en, Chiapas, el empresario Fernando Coello Pedrero.
Don Payambé notarizó 20 cajas que documentaban el fraude que le hicieron a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones estatales de Tabasco en 1994. Se consolidó entonces una estrecha relación entre ambos. En 2019, su hijo Adán Augusto, tomó posesión como gobernador de su estado y, el pasado 26 de agosto, fue designado secretario de Gobernación. Y, su hija Rosalinda, esposa de Rutilo Escandón, jefe del Ejecutivo en Chiapas, es administradora general de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De AMLO, don Fernando, quien falleció en diciembre de 2020, decía: “Tengo una buena relación de muchos años con el señor Presidente, yo quiero mucho al Presidente y lo respeto. Fui amigo de sus papás y hemos tenido una buena relación siempre. Lo he acompañado siempre como su asesor honorífico”. Coello Pedrero era abuelo del senador Manuel Velasco Coello, ex gobernador de Chiapas, figura clave del Partido Verde.
El 13 de mayo de 2013, contrajeron nupcias, Rosalinda López, entonces diputada local por Tabasco, y Rutilio Escandón, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas. El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, fue testigo de la novia. El de Chiapas, Manuel Velasco Coello, lo fue del novio (https://bit.ly/2Xwn68K).
La alianza dio frutos. Rutilio ganó la candidatura a gobernador de Chiapas, dejando en el camino a figuras de gran peso en la política local, como el hoy senador Óscar Eduardo Ramírez, cabeza del grupo Comitán, quien convenientemente saltó del Partido Verde a Morena.
La presencia del Grupo Tabasco en la política chiapaneca es sobresaliente. La influencia de la administradora general del SAT en posiciones claves del gobierno local es muy relevante (https://bit.ly/3lEquHa)
Conforme pasa el tiempo, la relación entre Manuel Velasco y Rutilio Escandón se deteriora. En los comicios de 2021, el Verde ganó 35 de 123 municipios disputados. Morena triunfó sólo en 25, aunque muchos de sus candidatos provienen en realidad de los autodenominados ecologistas. Peor: algunos alcaldes que llegaron mediante partidos locales están más cerca de la familia Velasco que del morenismo.
La situación se ha complicado más con lo que pareciera ser la anticipada candidatura de Zoé Robledo, director del IMSS, a la gubernatura del estado, potenciada por su responsabilidad en la campaña de vacunación anti-Covid en la entidad, por orden del presidente López Obrador. La movida no ha sentado nada bien en otros suspirantes como el senador Ramírez.
Simultáneamente a estos pleitos arriba, abajo ha entrado en crisis el sistema regional de dominio construido después del levantamiento armado del EZLN en enero de 1994. Las modalidades de alianza de la reciclada familia chiapaneca (los apellidos son los mismos que dominaban tierras y hombres hace más de un siglo), con cacicazgos indígenas emergentes, denominaciones religiosas de corte pentecostal, paramilitares y narcotraficantes, enmarcadas en una estrategia de contrainsurgencia, está haciendo agua.
Por todos lados estallan conflictos violentos. Algunos no son ajenos a los procesos de cooptación y fragmentación de los cacicazgos indígenas tradicionales, emprendida por el Partido Verde. Sea Ocosingo (https://bit.ly/3lDI2mW), Tila (https://bit.ly/3lEQHW5 ), Chenalhó y Aldama (https://bit.ly/39llEsA), Simojovel y Pantelhó (https://bit.ly/39rlEHr), Pueblo Nuevo Solitahuacán (https://bit.ly/2XxEM3P), Mitontic y un largo etcétera, el modelo está reventando. La violencia narcoparamilitar se ceba sobre los pueblos en resistencia (a menudo sin éxito), con los parabienes del gobierno del estado.
Para agravar más las cosas, en contra de las instrucciones del presidente López Obrador de darle al conflicto magisterial en la entidad una salida negociada, el gobierno de Rutilio Escandón se ha cerrado. No le importa el que los docentes son el vehículo que expresa el descontento profundo de la sociedad chiapaneca (https://bit.ly/3hKL6ws). Tampoco, reprimir salvajemente a los normalistas rurales de Mactumactzá (https://bit.ly/3nNn5IN).
No deja de ser una ironía que la 4T quiera impulsar su proyecto de transformación con el apoyo en una clase política tan cercana a la más rancia oligarquía local.
No obstante la importancia que tiene para el gobierno, Chiapas está, como señala el EZLN, al borde la guerra civil (https://bit.ly/2XxONyF). En medio de las pugnas arriba, la exacerbación de la violencia narcoparamilitar y la tenaz resistencia indígena, campesina y magisterial contra el despojo y por la autonomía, en el sureste se anuncia la hora del infierno, de todos tan temido. Quien lo dude, que se asome a la experiencia de la autodefensa indígena El Machete de los habitantes de Pantelhó.
Twitter: @lhan55
