Nueva York. Un millón de estudiantes retornaron a sus aulas en la ciudad de Nueva York –el sistema de educación pública más grande del país– hace una semana por primera vez en unos 18 meses, entre escenas de alegría, entusiasmo, ansiedad, confusión y preocupación, con la incesante incertidumbre que provoca la pandemia en esta capital mundial y su manejo político, y con experiencias alarmantes en otras partes del país que han puesto en riesgo las vidas de estudiantes y trabajadores de la educación.

Aunque la ciudad de Nueva York ha implementado medidas que incluyen el uso obligatorio de cubrebocas dentro de los planteles, mandatos de vacunación para maestros y otros trabajadores, pruebas rutinarias, sistemas para rastrear contagios, cuarentenas para contagiados, y ha mejorado sistemas de ventilación y filtración de aire, pocos están convencidos de que ya se puede volver a un funcionamiento “normal” de la educación.

El de Nueva York es el experimento más grande del país en un retorno presencial a las escuelas, y a diferencia de algunas otras ciudades, el gobierno municipal no está ofreciendo una opción virtual para aquellos que temen asistir en persona.

El alcalde Bill de Blasio y su gobierno, junto con el gremio local de maestros, han apostado que después de mejorar los sistemas de ventilación y de limpieza en edificios escolares en una ciudad con una de las tasas más altas de vacunación en el país, el arranque será un éxito que se podrá sostener a lo largo del año escolar.

Pero maestros entrevistados por La Jornada, todos los cuales desean un retorno a clases presenciales, sospechan que los políticos están dispuestos a poner en riesgo la salud de maestros y otros trabajadores de educación a cambio de pretender que están haciendo todo bien. “No podemos aceptar que han hecho apenas lo mínimo, en lugar de lo máximo; a fin de cuentas estamos hablando de la salud de niños y educadores”.

Todos están enterados de las noticias sobre cómo otros distritos escolares en diversas partes del país han sufrido brotes de contagio que obligan a cuarentenas y hasta cierres de escuelas (Nueva York está entre los que inician el ciclo escolar más tarde que otros sistemas, algunos de los cuales ya llevan semanas operando). Esto ha sucedido sobre todo, como era de esperarse, en aquellos estados y ciudades que no han exigido el uso de cubrebocas y promovido la vacunación, entre otras medidas de mitigación.

Justo al arrancar el año escolar, más de 250 mil menores estaban contagiados en el país a finales de agosto, reportó la Academia Americana de Pediatría, el número más alto de casos de niños por semana desde el inicio de la pandemia (una cuarta parte del total de más de un millón de casos en el país en esas fechas). Unos 2 mil infantes estaban hospitalizados a inicios de septiembre, también el número más alto registrado. Desde que comenzó la pandemia unos 5 millones de menores de edad se han contagiado. Hasta la fecha, los menores de 12 años no están autorizados a recibir la vacuna (aunque eso está por cambiar).

Más de mil 400 escuelas en 35 estados (datos de principios de mes) ya tuvieron que suspender clases presenciales desde que empezó este año escolar. Hay casos alarmantes. En un distrito en Arkansas, más de mil 461 estudiantes fueron puestos en cuarentena poco después de retornar a clases presenciales el mes pasado. En Mississippi, estado con uno de los índices de vacunación más bajos del país –como tantos estados en el sur bajo control conservador republicano– más de 20 mil estudiantes en 800 escuelas fueron puestos en cuarentena. En Miami, Florida, 13 maestros han muerto por Covid-19.

En medio de esto, nueve estados, todos gobernados por republicanos, han prohibido el uso de cubrebocas en las escuelas, como parte del rechazo de la derecha contra las medidas promovidas por los demócratas en Washington. Algunos que se oponen a medidas recomendadas por el gobierno federal han llegado a golpes y amenazas contra maestros y directores, incluso hasta lograr despedirlos por atreverse a imponer el uso de cubrebocas o promover la vacunación.

Vale recordar que en Estados Unidos los sistemas de educación pública son administrados por gobiernos estatales y locales, y por lo tanto existe esta ensalada de normas y regulaciones diferentes definidas por los políticos en cada entidad.

Aquí en la primera semana de clases en la ciudad de Nueva York, según el Departamento de Educación, se han detectado 976 casos positivos de Covid-19 entre estudiantes y empleados, se han cerrado 445 aulas con sus alumnos ahora en cuarentena (10 días). No ha llegado a niveles alarmantes en una de las ciudades más vacunadas del país, pero ante lo ocurrido en otras regiones, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, bajo presión del sindicato de maestros UFT, anunció ayer que estarán realizando pruebas aleatorias de 10 por ciento del plantel cada semana –y no cada dos– en todas las escuelas.

Pero la angustia y preocupación combinada con la desconfianza en el manejo de la pandemia por políticos a lo largo del país está nutriendo un éxodo de trabajadores de educación que ya de por sí laboraban en condiciones pobres antes de la pandemia.

Muchos están optando por jubilarse antes de lo que habían planeado, mientras se reporta en diversas partes del país una carencia cada vez más grave de maestros; en algunos casos han cerrado escuelas temporalmente por ello. A la vez, otros trabajadores escolares, los de las cafeterías y los choferes de autobuses, se unen al éxodo. En Massachusetts, el gobernador fue obligado a activar tropas de la Guardia Nacional para operar autobuses escolares en algunos distritos.

“Estamos enfrentando un crisis de pérdida de maestros en un momento cuando nuestros estudiantes los necesitan más que nunca. Este es un problema serio con efectos potenciales que podrían durar generaciones”, declaró Becky Pringle, presidenta de la Asociación Nacional de Educación (NEA), uno de los dos gremios nacionales del magisterio. En un sondeo de sus miembros este verano, casi un tercio de los maestros indicaron que la pandemia hace más probable que abandonaran su profesión.

“Como nación, esperamos… la reapertura de las escuelas y un ‘regreso a lo normal’, mientras ignoramos que para muchos, lo normal no sólo no es suficiente, sino que nunca realmente fue bueno… La hora ha llegado para reconocer la educación de calidad como un derecho constitucional… garantizando que todos los jóvenes tengan acceso pleno a las oportunidades sociales, económicas y políticas que una democracia promete a su pueblo. Pero nada cambiará para estos jóvenes… si continuamos dependiendo de exámenes rígidos y estructuras punitivas de rendimiento de cuentas mientras se presta poca atención en asegurar que los maestros estén bien apoyados”, afirmó Bob Moses, veterano activista de derechos civiles –insistía en que la educación era uno– y director del Proyecto Álgebra, en agosto.