La realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos que la Fiscalía General de la República (FGR) imputa a la conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, fueron denunciadas a partir de las revelaciones que hizo ante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), uno de los abogados que servían a la pareja. El caso alcanzará a ex funcionarios federales que laboraron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (Oadprs), revelaron autoridades federales.

La carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORIFAM-MEX /0000758/2019 ya fue puesta a consideración de un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, por la cual ya libró orden de captura en contra de la conductora de televisión y su cónyuge por lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada.

A través de las empresas Servicios Opcionales Antequera, Grupo Hamcer, Corporativo Vicral, Grupo Adenso y otras personas morales, Gómez Mont y Álvarez Puga “han diseñado toda una estructura financiera para lavar dinero a través de compañías denominadas fantasmas o fachadas que operan principalmente en la Ciudad de México, el estado de México, Chiapas, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, Campeche, Quintana Roo, Guerrero y en naciones como Estados Unidos, Panamá y Colombia.

“Yo mismo como abogado apoyé en múltiples ocasiones la constitución de empresas, hasta que me di cuenta de que con sus acciones malintencionadas ponían en riesgo no sólo mi credibilidad y desarrollo profesional, sino también mi integridad física”, señaló el denunciante cuya identidad no aparece en la carpeta de investigación.

En este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga en agosto de 2019 y los señalamientos se acumularon a la indagatoria iniciada por la Femdo.

En la investigación de la FGR se señala que entre los testimonios que recopiló se encuentra uno en el que se menciona: “tengo conocimiento que desde el año 2016, entre otros casos de corrupción en el gobierno anterior, la Secretaría de Gobernación, a través de una de sus tareas llamada Oadprs dio una cantidad millonaria a la empresa fantasma de seguridad privada Inteligencia Cibernética, por dos contratos fraudulentos que fueron celebrados en ese año para que esta última entregara equipo de seguridad a muchas cárceles del país; sin embargo, eso no sucedió, pues el equipo nunca llegó a las cárceles, ya que los funcionarios de la institución desviaron el dinero a la empresa antes mencionada de manera corrupta e ilegal, siendo que tenía que ser utilizado para las mejoras en la seguridad del sistema penitenciario.

“Luego de ese acto de corrupción, la empresa fantasma utilizó a otras compañías igualmente fachadas llamadas Arromlop, Rancel, Modeno, Comcelint, Gupea, Tangamanga y una persona física para lavar el dinero y esconder su origen ilegal, usando facturas falsas para simular que se prestaban servicios entre sí; estos crímenes comenzaron desde septiembre de 2016 y continuaron en 2017, la mayoría de las empresas fueron creadas meses antes de todo el desfalco, además, todas las empresas que menciono, incluso la persona física que menciono, están en la lista negra del Servicio de Administración tributaria (SAT).

“Lista que por cierto es pública y se encuentra en Internet, en la página del SAT, se trata de las famosas Efos que venden facturas falsas. Me queda claro que lo que hicieron fue un verdadero lavadero de dinero”, señaló el testigo al órgano de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con las diligencias realizadas por la FGR, las empresas que se relacionaron con Gómez Mont y su cónyuge tenían la responsabilidad de adquirir un sistema electrónico para el Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del Oadprs, así como también adquirir los equipos de la interconexión de los Centros Federales de Readaptación Social 11, que se localiza en Sonora; 12, en Guanajuato; 13, en Oaxaca; 14, en Durango; 15, en Chiapas; 16 femenil, en Morelos, y 17, en Michoacán”.

En ese contexto, el Ministerio Público Federal obtuvo información contable de la empresas relacionadas con Álvarez Puga y en la cual en los estados de cuenta “no se desprenden las referencias de los depositantes o receptores de los recursos”, por lo que continuó con la indagatoria hasta concluir que ambos personajes presuntamente incurrieron en los delitos que se les imputan y por los que ahora son prófugos de la justicia federal.