En Mazapil, Zacatecas, dos mineras, una estadunidense y otra canadiense: Newmont y Goldcorp, administran la mina Peñasquito, la productora de oro y plata más grande de México. No obstante, su éxito plasmado en millonarios ingresos se ve empañado por la pobreza que invade la zona, por múltiples acusaciones de despojo, daño al medio ambiente y desabasto de agua.

La mina Peñasquito se extiende a lo largo de casi 8 mil hectáreas por el norte de Zacatecas. Ahí con una operación a cielo abierto que comenzó en 2010, extrae varios minerales que la posicionan no sólo como la principal productora de oro y plata del país (la quinta del mundo en plata), sino también de zinc y plomo, así como la cuarta en cobre, según la Cámara Minera de México (Camimex).

Bajo la enorme extensión de tierra que tiene bajo su dominio hay reservas estimadas por 17.8 millones de onzas de oro, mil 70 millones de onzas de plata, 3 mil 214 toneladas de plomo y 7 mil millones de toneladas de zinc. En 2020, extrajo 526 mil onzas de oro y 27 millones de onzas de plata.

Dicha mina, según una declaración de Michel Harvey, director de Asuntos Corporativos de Newmont Goldcorp México, representa una utilidad anual de mil 500 millones de dólares.

Sin embargo, un grupo de propietarios de un polígono aledaño empañan el éxito de la mina, pues acusan a Newmont y Goldcorp de valerse de escrituras apócrifas para despojarlos de mil 250 hectáreas desde febrero de 2014. En esos terrenos el consorcio construyó un enorme pozo con el cual ha explotado la mina, dejando sin agua a la región.

Once demandas al menos

A partir de 2014, un total de 11 ejidatarios de la región acusan (algunos han interpuesto demandas) a Newmont Goldcorp México de apropiarse ilegalmente de sus terrenos, utilizando escrituras falsas.

Según datos del Registro Público de la Propiedad, entre 1955 y 1969, Ambrosio Gallegos Bustamante, dueño de la ex Hacienda de Cedros, en Mazapil, con una extensión de más de 5 mil hectáreas, vendió sus tierras a 25 personas diferentes. Con el tiempo, esas propiedades fueron cambiando de propietario.

En 2013, una de esas propiedades, de una extensión de 80 hectáreas, fue adquirida por Irma Dora Venegas, quien se percató en 2014 que Peñasquito perforó un pozo en parte de su terreno.

Lo anterior dio paso a una disputa legal en la que Venegas asegura que Newmont Goldcorp ha presentado documentos falsos (ella cuenta con las escrituras de la propiedad, las cuales se remontan a 1955), que incluso usó para que la Comisión Nacional de Agua le diera la concesión para el pozo.

Newmont fue contactada por este diario para conocer su postura sobre este caso y otros más; sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Tras interponer la demanda, en 2016 Venegas ganó la sentencia contra el consorcio minero, obligándolo no sólo a devolver el predio con todo y el pozo, sino también pagar rentas y demás perjuicios; no obstante se amparó, alargando el juicio hasta diciembre pasado, cuando la sentencia quedó firme, aunque aún no hay avances.

“La importancia de mi terreno es que es un lugar con muchísima agua, por ese motivo cambiaron todo para construir el pozo VW24, que es muy importante para su producción de oro y plata. La mina comenzó a operar en 2010, desde entonces el manantial que abastecía a las comunidades se secó, de tener un ojo de agua, ahora la escasez es total”, apuntó.

Otros ejidatarios en la misma situación son: Juan Solorzano (160 hectáreas); Heliodoro Gracia (160, pero decidió vender a la mina); Sergio Cabral (40); José Bustamante (40) Elías Abraham Handal (80); Felipe Calderón Mireles (80); María Cristina W. (40); Salvador del Río (120); Antonio Vallejo (500) y Ramón Novella Ortiz (500 hectáreas). Las últimas tres personas sólo sufren una afectación parcial de sus propiedades.

Daños ambientales

En una carta entregada dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, firmada en julio pasado, los propietarios dan cuenta de los despojos de la minera, y destacan la explotación del pozo de agua VW24 para su uso industrial en el proceso de extracción de metales. Agua que es combinada con cianuro, dejándola inservible para el consumo humano y generando daños al medio ambiente de la zona.

Destacaron que desde 2006, de forma ilegal, el entonces director de la Delegación de Conagia en Zacatecas, José Mario Esparza Villalobos, otorgó la concesión número 07ZAC1200616/36FMDL09 para explotar, usar y aprovechar aguas nacionales del subsuelo, medida que dejó si el líquido a la región.

“El propósito de los abogados de la empresa es alargar por años el proceso para seguir extrayendo agua en su beneficio, abusando de su poder y fuerza. Además, existe una denuncia sobre esos predios por el pozo, el cual extrae agua muy por arriba de la concesión autorizada, y ahora de manera ilegal desde hace meses”, dijo Venegas.

En mayo pasado, María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo en una de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador que Mazapil era el segundo municipio con mayor pobreza en Zacatecas, eso pese a tener dos de las minas más grandes del país: Peñasquito y Fresnillo.