Cientos de elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Colima pararon labores para exigir que se les pague la primera quincena de septiembre. Mientras representantes de al menos 480 maestros de nivel básico afiliados a la sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestaron a las afueras del palacio de gobierno de Monterrey, Nuevo León, también reclamando que se les entregue el pago de este mes.
Los efectivos de la PEP anunciaron, en la cuenta oficial de Facebook de la asociación de Policías de Colima, que interrumpirían los servicios para demandar el pago salarial. Agregaron que sus superiores pretendieron levantar actas administrativas en su contra, y recomendaron a sus colegas que “no se dejen intimidar”. El paro cesó al cabo de dos horas.
El 29 de julio pasado, el gobernador priísta de Colima, Ignacio Peralta, dio a conocer que su administración no tenía recursos para pagar la nómina a miles de burócratas, por la urgencia de erogar mil millones de pesos por créditos a corto plazo que se vencieron en agosto. La Federación envió a la entidad un adelanto de sus participaciones, pero los pagos no se han regularizado.
Mientras, integrantes de la sección 21 del SNTE protestaron ante el palacio de gobierno de Nuevo León. Guadalupe Adolfo Salinas, secretario general de la sección, acudió a la movilización y encabezó un diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal, que se comprometieron a pagar la quincena a los más de 480 mentores afectados, quienes trabajan en unas 40 escuelas distintas. Los maestros perjudicados, adscritos al extinto programa federal de escuelas de tiempo completo, que laboran frente a grupos, acusaron a la SEP local de pretender obligarlos a firmar un documento para reubicarlos a cambio de sus sueldos.
Debe el gobierno de BC mil 500 mdp a ayuntamientos
El secretario de Hacienda de Baja California, Adalberto González, reconoció que la administración que encabeza el gobernador Jaime Bonilla adeuda a los municipios de la entidad mil 500 millones de pesos en participaciones federales. Durante la glosa del segundo y último informe de gobierno de Bonilla ante el Congreso local, el funcionario dijo que el titular del Ejecutivo utilizó esos recursos para gasto corriente.
La Ley de Coordinación Fiscal de Baja California indica que el gobierno estatal está obligado a entregar a las alcaldías las participaciones federales a más tardar en cinco días después de recibirlas, y que no puede retenerlas.
Además, funcionarios estatales acusaron a la Secretaría de Hacienda local de no entregar el presupuesto aprobado en la legislatura bajacaliforniana para 2021. Incluso, la secretaria de Inclusión y Bienestar Social, Alma Arellano, aseguró que sólo ha recibido uno de cada dos pesos autorizados para su gestión.
