La simplificación tributaria y el combate a la evasión y elusión entre grandes contribuyentes, a las que ha apostado la actual administración para incrementar los ingresos sin ir por una reforma más amplia, aumentarán lo que recauda el Servicio de la Administración Tributaria (SAT), pero no lo suficiente para soportar el tamaño de una economía como la mexicana. La iniciativa de Ley de Ingresos que se presentó al Congreso de la Unión para el próximo año así lo muestra.
Mientras los ingresos tributarios –los que recauda el SAT– de 2021 representan 13.7 por ciento del producto interno bruto (PIB); seis años después, en 2027, pasarán a 14.4 por ciento, de acuerdo con las proyecciones de las autoridades hacendarias.
Dichos estimados no compensan la baja en otros rubros; los ingresos públicos totales, equivalentes a 22.5 por ciento del PIB en 2021, representarán 22 por ciento en 2027. Esta tendencia implica menos margen para el gasto en servicios públicos, como educación, salud y seguridad, programas sociales y obra pública.
México tiene una de las recaudaciones tributarias más bajas. Como porcentaje del PIB, sus ingresos por impuestos alcanzaron 16.5 por ciento en 2019, de acuerdo con comparativos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; no sólo se encuentra a la mitad del promedio de los países de este grupo, que es de 33.8 por ciento, sino también por debajo del 22.9 por ciento que genera la media de economías de América Latina, sólo en impuestos.
Por tanto, el régimen de confianza que propone el SAT para el próximo año, “atiende lo urgente” –la necesidad de invertir y contribuir al fisco–, pero no es lo bastante ambicioso para sostener el crecimiento de la recaudación en paralelo a los requerimientos de la economía, explicó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMPC).
Si bien el proyecto busca que 10 millones de personas que actualmente no pagan impuestos se integren a la base de contribuyentes, de ser exitoso sólo tendrá impacto a corto y mediano plazos, por lo que es necesario una propuesta más amplia, expusieron Diamantina Perales, presidenta del IMCP y Jesús Alvarado Nieto, titular de la comisión fiscal del instituto.
El régimen simplificado de confianza aplicará medidas para facilitar el pago de impuesto sobre la renta (ISR) entre personas que perciban menos de 3 millones 500 mil pesos al año y empresas cuyos ingresos no rebasen los 35 millones de pesos anuales; para estas últimas también aumentan las tasas de deducibilidad en inversiones.
Alvarado Nieto detalló que el régimen de confianza tiene el objetivo de atraer a un mayor número de contribuyentes, entre los que se pueden contar profesionistas y pequeños y medianos empresarios. Pero se descartan algunas deducciones como los donativos o el ahorro para el retiro, a diferencia de las empresas, a las que sí se permitirán algunos descuentos.
Consideró que el aumento en las tasas de deducción en inversión productiva y el que se cobre el impuesto sobre los ingresos efectivamente recibidos y no sobre los devengados son apoyos para pequeñas y medianas empresas, que generan alrededor de 80 por ciento del empleo en el país.
