El tribunal electoral federal confirmó el triunfo de Layda Sansores en Campeche, al desechar las impugnaciones de Movimiento Ciudadano (MC) y su candidato Eliseo Fernández. Por otra parte, dicho tribunal anuló la multa por 55 millones de pesos que había impuesto el Instituto Nacional Electoral al MC por las aportaciones a la campaña de Samuel García, ahora gobernador electo de Nuevo León, por parte de su esposa que desarrolla actividad empresarial en redes sociales.

Mientras tanto, en San Luis Potosí, donde todo apunta a la confirmación tribunalicia de la instalación de Ricardo Gallardo Cardona como gobernador, hubo un hecho que obtuvo presencia en portales informativos de varias partes del mundo: el secuestro de 22 personas en Matehuala, la capital del semidesierto potosino.

Por fortuna, las víctimas, extranjeros en su mayoría y subidos por la fuerza a las cajas de tres camionetas a cargo de personas armadas, fueron encontradas posteriormente. En SLP, como en varias partes del país, la política y el crimen organizado parecen encaminados a propiciar cada vez peores acontecimientos.

En Aguascalientes, el gobierno panista encabezado por Martín Orozco avanza sinuosamente en un proyecto de comercialización, para fines privados, en un terreno de 86 hectáreas que fue propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales, la empresa estatal que fue privatizada por Ernesto Zedillo Ponce de León, dejando un reguero de irregularidades patrimoniales, luego aprovechadas por vivales diversos) y donado a la capital del estado, donde se desarrolló la colonia Ferronales, la Universidad de las Artes, escuelas primarias, secundarias y una reserva ecológica.

En una opacidad muy sugestiva, el gobierno estatal de Aguascalientes realiza obras de supuesta “restauración” que en realidad encubren el proyecto para el cual ya se derribó una escuela para construir un hotel de capital privado. Ya hay naves ocupadas por Grupo Modelo y otras empresas particulares.

La administración de Martín Orozco enmascara el proyecto privatizador con propaganda de servicios culturales y recreativos en esa zona: “¡Ven con tu familia! En bicicleta, patines, patinetas, sillas de ruedas o caminando. Ahora la calle es tuya”. El mismo gobernador ha anunciado que se invertirán 184 millones de pesos del erario, más 100 millones de pesos para la construcción de un hotel de cinco estrellas, zona comercial, un conjunto de cines, rueda de la fortuna y estacionamiento para mil vehículos (https://bit.ly/3EsOKVx y https://bit.ly/2XjbQfS).

Mientras las autoridades no esclarezcan este tema, avanza la pretensión privatizadora, negocio con beneficiarios reales como empresarios (en el caso, el Fondo de Inversión DTL, representado por Francisco Navarro Villegas), políticos o una combinación de ambos (sobre el tema habló Karla García, a nombre de un grupo de vecinos: https://bit.ly/2YO1YLW).

Sublevados (@sublevados_, en Twitter) se define como una “asociación civil que defiende las libertades fundamentales y difunde el pensamiento conservador en la sociedad. Derecha popular”. Con el asomo de Santiago Abascal y Vox al escenario derechista mexicano, Sublevados y otras voces de textura ideológica similar aceleraron su presencia en redes sociales, entre otras cosas para impugnar la cobardía del panismo reculante y de la derecha mexicana en general, que no tiene el valor de asumirse como tal.

Entrevistado ayer en YouTube (“AMLO da atole con el dedo a las feministas y eso me encanta”: Pedro Cobo, https://bit.ly/3lp2Lut), el fundador y dirigente de esa organización conservadora, mencionó que, con una visión a más de 20 años, se trabaja en la preparación de líderes con unas cien personas, sumamente activas en redes sociales, con miles de seguidores en sus cuentas, que se agrupan en segmentos de entre 14 y 20 años de edad y entre 20 y 35. La misión, señala Pedro Cobo Pulido, profesor en universidades privadas capitalinas, es que, con esa formación derechista, creen opinión pública y “rompan la espiral del silencio”. ¡Hasta el próximo viernes!

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