Por unanimidad, el Senado aprobó modificaciones a la minuta de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y la devolvió a la Cámara de Diputados con más de 30 cambios. Morena aceptó la modificación más importante propuesta por el Bloque de Contención PAN, PRI, MC y PRD, referida a eliminar la obligación a los Congresos locales de acatar la resoluciones de San Lázaro en materia de desafuero de gobernadores.
La minuta remite ahora a lo establecido en el artículo 110, en el que se establece que la resolución de San Lázaro “será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda”.
Otro de los cambios fundamentales que las fuerzas políticas acordaron realizar a la minuta fue remitir también al artículo 11 de la Carta Magna, donde se deja claro que las decisiones que por mayoría tome la Cámara de Diputados en relación con quitar el fuero a gobernadores serán inatacables.
El presidente de la comisión de Justicia, Julio Menchaca, reconoció que se requería una reforma constitucional para incluir los temas que avaló la Cámara de Diputados, particularmente al 111, pero “hoy en este Senado estamos haciendo una demostración de consenso, de diálogo y de responsabilidad”.
El también senador de Morena Germán Martínez destacó: “La minuta de los diputados mantiene ese ambientito de impunidad y descarada complicidad con los gobernadores. Algo huele a podrido desde San Lázaro”.
El Senado, resaltó, es custodio del federalismo, no alcahuete de gobernadores rufianes, tampoco se está legislando ad cassus contra Cabeza de Vaca, “quien legisló a su favor, 55 días después de desaforado, fue el Congreso local de Tamaulipas para tratar de evitar la suplencia, una vez destituido por el desafuero”.
La priísta Claudia Ruiz Massieu afirmó que sin las modificaciones que se consensuaron, la ley se usaría para propósitos políticos ajenos a los establecidos en la Constitución.
“De haberse aprobado en los términos de la colegisladora, se corría el riesgo de que estos procedimientos fueran usados con propósitos políticos, ajenos a los de su objeto constitucional. Era seguro que el destino del decreto en los términos del dictamen original habría sido la impugnación ante la Suprema Corte. La minuta remitida por la Cámara de Diputados contenía importantes inconsistencias, albergaba deficiencias técnicas. Pero, sobre todo, consideraba evidentes inconstitucionalidades violatorias de los principios en que se funda el Pacto Federal. En este nuevo proyecto, se brinda la certeza jurídica necesaria para los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia sin violentar la norma suprema”.
El senador panista Damián Zepeda explicó en el pleno que “la Constitución da una protección dual, por eso hoy tenemos que apegarnos a lo que dice la Carta Magna: si eres (funcionario) federal sí, si te quitan el fuero, ya te procesan, pero si eres (funcionario) local, sólo tiene efectos para turnarse al Congreso del estado para que en el marco de sus atribuciones proceda como corresponda”.
La coordinadora de los senadores del PT, Geovanna Bañuelos, manifestó que la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia dará la oportunidad de reorientar la vida pública para acabar con la corrupción, la opacidad y la impunidad.
El senador de MC Noé Castañón resaltó que el tema a cuidar en este dictamen era conservar intacta la esfera del federalismo, de las entidades, pues en un inicio se planteaba que los congresos de los estados deberían acatar en estricta observancia las resoluciones de la Cámara de Diputados en materia de juicio político”.
